Los vecinos de la Vall de Pop, obligados a cerrar el grifo mientras se construye el PAI de Llíber de 488 chalés con piscina

La Vall de Pop está sedienta. Los ayuntamientos no paran de pedir a sus vecinos que cierren el grifo, que no llenen piscinas ni rieguen jardines y que ahorren al máximo los limitados recursos hídricos. Pero, mientras tanto, sigue adelante el PAI de 488 chalés con piscina de la Muntanya Llarga de Llíber. Salvem la Vall, el colectivo que da batalla a este desarrollo urbanístico de otro tiempo, ha advertido de la contradicción de seguir construyendo sin límite cuando los recursos, el agua, en este caso (también el territorio, el paisaje y la capacidad de sostener servicios como el de la recogida de basura), son limitados.

Este colectivo ha denunciado que la VAPF, que es la promotora del PAI, el Ayuntamiento de Llíber y la Generalitat Valenciana van a una política de "hechos consumados" y dan vía libre a un PAI que no tiene asegurada el agua y que, además, compromete el suministro de toda la Vall de Pop. Salvem la Vall afirma que las obras se han acelerado cuando todavía las sentencias (este colectivo batalla en los tribunales) no son firmes y están pendientes de ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, esta asociación asegura que la promotora y el Ayuntamiento de Llíber, en la última vista judicial, ya cambiaron su versión sobre los recursos hídricos. Reconocieron, advierte Salvem la Vall, que el pozo que anunciaron en 2023 no tiene agua y admitieron que no cuentan tampoco con la concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El colectivo señala que la VAPF y el consistorio sostuvieron ante el juez que el agua del PAI la cogerán del acuífero de Parcent. Salvem la Vall precisa que Llíber ya sobrepasa con mucho la concesión anual de que dispone para sacar agua de este acuífero.

La asociación ve incongruente que "se exija a los vecinos que racionen el agua y, mientras, se permite construir casi 500 chalés con piscina sin concesión hídrica". También apunta que es contradictorio que la constructora y el Ayuntamiento de Llíber aleguen que el PAI es anterior a la normativa que obliga a acreditar que se dispone de agua suficiente.

Vecinos, expulsados

"El sistema falla y la realidad es que se envía a la ruina hídrica a los pueblos y ciudadanía de la Vall de Pop", avisa Salvem la Vall, que vaticina que "en pocos años la falta de agua llevará a una subida brutal de la factura de consumo, factura que solo podrán pagar los residentes europeos ricos. Nos expulsarán por el precio de las casas, por el precio del agua y por el precio de los alimentos".