Sumar-Compromís exige a la CHJ que rectifique su autorización al PAI de 488 casas con piscina en Llíber: "Es una temeridad"
Alberto Ibáñez pregunta en el Congreso sobre las medidas que tomará la Confederación Hidrográfica del Júcar para no agravar más la falta de agua en un territorio donde los vecinos sufren restricciones de suministro

Imagen de archivo de los chalés del PAI de 488 viviendas con piscina que se están construyendo en lo alto de la montaña / A. P. F.

Cambio de escenario. La Vall de Pop, un valle de secano y en el que los ayuntamientos, en verano, tienen que pedir a los vecinos que cierren el grifo, ahorren agua y, por supuesto, no llenen piscinas ni rieguen jardines, tiene una herida en la Muntanya Llarga de Llíber, esa ladera en la que la promotora VAPF ya está construyendo el PAI de 488 chalés con piscina. El agua escasea. La Vall tiene sed. Salvem la Vall, el colectivo que da batalla al PAI, ha revelado que la promotora y el ayuntamiento de Llíber admitieron ante el juez que el pozo del que iba a abastecerse la urbanización no tiene agua y que la cogerán del castigado acuífero de Parcent.
Y el grupo parlamenterio de Sumar-Compromís ha movido ficha. Su portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha registrado una pregunta dirigida a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Le pide que aclare qué medidas va a tomar para garantizar el agua a los vecinos de la Vall de Pop e "impedir este ataque medio ambiental". Este grupo tiene claro que construir 488 chalés con piscina en un territorio en el que escasea el agua es "una temeridad". Pide que el PAI se declare nulo y que la CHJ rectifique su autorización.
En la pregunta, se incide en que este desarrollo urbanístico es "inviable, insostenible e innecesario para los vecinos y las vecinas". Se apunta también que seguir apostando por el modelo de chalés de lujo con piscina (estos se venden a partir de 900.000 euros) "empeora el derecho a la vivienda en toda la comarca".
La promotora sigue adelante con las obras. Mientras, Salvem la Vall advierte de que no está todo dicho en los tribunales. Las sentencias que han avalado el PAI no son firmes y están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
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