En menos de dos décadas el sector del abastecimiento y depuración de aguas de España ha dado un giro copernicano al decidir la mayor parte de los ayuntamientos privatizar total o parcialmente este servicio público. El boyante negocio hídrico mueve un facturación algo superior a los 5.000 millones de euros anuales cuya propiedad permanece ahora concentrada en pocas manos, ya que las ventas están repartidas mayoritariamente en tres grandes grupos empresariales: Aguas de Barcelona (Agbar) „en manos de la multinacional francesa Suez Environnement„, FCC y el Canal de Isabel II. Este trío abastece una población algo superior a los veinte millones de habitantes.

En un segundo plano, aunque a mucha distancia del resto de operadores, se sitúan compañías dominantes el algunas autonomías. Ahí entran firmas como Aguas de Valencia (AVSA) o Facsa, hegemónicas en Valencia y Castelló, respectivamente, así como Acciona, en Canarias. Cuatro de cada diez ciudadanos españoles son abastecidos de agua a través de corporación públicas, algo más de un tercio por empresas privadas, el 13 % por sociedades mixtas y sólamente el 8 %, directamente a través de las propias corporaciones locales, es decir los ayuntamientos.

Grandes concursos

En busca de sanear sus cuentas, las administraciones públicas tratan de hacer caja. Por eso, las grandes batallas se libran ahora en el Canal de Isabel II, donde sus aguas se deslizan hacia la privatización. Acciona, FCC y Agbar siguen buscando alianzas para pujar por este apetitoso bocado empresarial. Con todo, la reciente marcha de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, podría retrasar este proceso. El Canal prevé facturar unos 800 millones de euros anuales.

Mientras tanto, también Barcelona aborda el proceso de externalización de la gestión de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), encargada de la potabilización y distribución en alta del agua del área metropolitana de Barcelona. El concurso está valorado en 1.000 millones de euros y pujan Agbar y Acciona. A corto plazo se esperan otros concursos de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, sobre todo en municipios que hoy en día se gestionan directamente o través de empresas públicas. En ese sentido, los industriales del mercando prevén que nuevas ofertas, sean concesiones directas o bien a través de la búsqueda de un socio privado para constituir una empresa mixta. En ambos casos la finalidad de los ayuntamientos es conseguir financiación para poder modernizar o renovar sus infraestructuras y por otro lado aliviar la situación financiera por la que atraviesan. En esa situación se encuentran otros «contratos del siglo» para los operadores privados como los concursos de Jerez de la Frontera (Aguas de Jerez) o la semiprivatización de Aguas de Huelva.

Así las cosas, resulta curioso que, pese a la tendencia del sector, existe una excepción en relación a la gestión de toda el agua del área metropolitana de Barcelona, donde se está en proceso de una posible adjudicación directa a una empresa privada, sin previo concurso, y donde los intereses de la administración podrían verse perjudicados.

Cambios en la gestión

Otros municipios de España también están estudiando ceder la gestión a operadores privados o crear empresas mixtas para explotar el citado servicio público. A lo largo del ultimo lustro se ha experimentado un cambio en la gestión del servicio de abastecimiento de agua urbana, tal como lo demuestra el hecho de que la gestión privada ha ido ganando terreno respecto a la pública. Según la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS), y de acuerdo a la actual situación, es previsible «un aumento de la gestión privada respecto a la pública», tal como constatan los estudios de mercado que publica esta organización patronal. Los porcentajes de participación del sector público respecto del privado varían en referencia a los años anteriores. Se aprecia un ligero crecimiento de la población abastecida en régimen de gestión privada, mientras que por el contrario la gestión pública disminuye. Según los empresarios, esta década «será clave en España porque asistiremos a un nuevo proceso de concentración de empresas y de cesión del servicio por parte de las corporaciones locales».

Según los últimos datos facilitados por AEAS, el importe total facturado por el agua urbana en España, extrapolando datos a la población total, asciende a 5.081 millones de euros. De la factura total de agua que se paga por los servicios en España, dos tercios corresponden a abastecimiento de agua, un 15 % a alcantarillado y un 25 %, a la depuración de las aguas residuales. Por otro lado, el plan nacional de calidad de las aguas (fundamentalmente depuración) tiene pendiente inversiones por valor de 10.000 millones de euros hasta 2015, una cantidad que dificilmente podrán soportar las administraciones públicas sin la colaboración privada.

Recibo del agua

¿Qué pasará con el recibo del agua? Incluyendo todos los usos, el precio medio de los servicios es de 1,83 euros por metro cúbico (mil litros). De esta cantidad, 1,07 euros corresponde al servicio de mantenimiento; 0,28 euros a alcantarillado y 0,48 euros, a depuración. La evolución ha sido significativa en la última década, ya que las citadas tarifas se situaban en 0,69 €/m3 durante 2002. Con todo, las empresas argumentan que estos precios no llegan a cubrir el coste total de los servicios, como preconiza la directiva marco europea del agua. Se observa además que los precios medios más altos se aplican en las áreas metropolitanas, mientras que los más bajos corresponden a las poblaciones entre 50.000 y 100.000 habitantes.

«En medio de la etapa de ajustes y estreches en la economía familiar, los procesos tecnológicos a los que obligan las directrices comunitarias han disparado el precio de este recurso», justifican las empresas del sector y los ayuntamientos para subir las tarifas del líquido elemento que soportan los ciudadanos. Éstas argumentan la necesidad de subir los precios por las elevadas inversiones. «Los complejos procesos tecnológicos de tratamiento, depuración o desalación, componentes poco visibles para la ciudadanía y que se han incorporado paulatinamente, conforme a las exigencias crecientes de las normativas legales, son costosos», sostienen los empresarios. Y para contar con servicios con garantía de disponibilidad y calidad y usar con eficiencia los recursos hídricos, «es preciso que suban las tarifas hasta la recuperación total de los costes de operación, ambientales y del recurso».

El 72 % del agua urbana consumida en España es de uso doméstico, mientras que el consumo industrial y comercial alcanza el 21 % del total y el 7 % restante se asigna a otros usos. El consumo medio doméstico diario por habitante y día se sitúa, según la encuesta, en 126 litros de agua. Esta cifra sitúa el consumo medio de los españoles en una de las más bajas de Europa y puede considerarse «óptimo» en el panorama actual. Según los expertos, el proceso de privatizaciones que se avecina en España podrá incrementar los precios, aunque desde la patronal del sector AEAS considera que es «barata» y «debería costar más «porque mantener la calidad del servicio cuesta mucho dinero». Sin duda, habrá que estar pendiente en los próximos tiempos de la factura del agua.

La multinacional gala Suez controla un 30 % del agua de España

El grupo Aguas de Barcelona, hasta hace poco participada por La Caixa como socio de referencia, pero en la actualidad dominada por la multinacional gala Suez, es líder indiscutible en el mercado español del agua con un control del 30 % en los municipios de más de 10.000 habitantes. Agbar atiende 22 municipios donde viven más de 11 millones de habitantes. Sin duda, domina el mercado, a mucha distancia del segundo operador, el Canal de Isabel II, firma pública del gobierno autonómico que además de la capital de España suministra recursos hídricos a 45 municipios, con un total de 5,8 millones de habitantes. El grupo FCC (cada vez más diversificado en otras áreas de negocio al margen de la construcción) mantiene una cuota de mercado del 13 %, con 141 localidades. A continuación se sitúan las firmas valencianas AVSA (dominante en Valencia y Teruel) con el 4,75 % del negocio de España y 38 localidades. Grupo Facsa es mayoritario en Castelló, con 12 municipios y suministra a una población de 521.000 personas. También existen media docena más de operadores, aunque de menor tamaño y sin contratos en grandes ciudades españolas. En medio de la batalla que se libra en el seno de AVSA „con el Banco de Valencia (nacionalizado y pendiente de su futuro), Suez Environnement y Fomento Urbano de Castelló controlando a partes iguales la firma hídrica„ el posible aumento de participación de los franceses en el accionariado de Aguas incrementaría aún más la cuota de mercado de Agbar en España. En Barcelona sería el principal operador con el 72 % del mercado, en Teruel tendría el 100 %, en Valencia el 92 % y en Alicante, el 85 %. La entidad financiera intervenida por el FROB quiere romper el pacto de accionistas que mantiene con Fomento Urbano de Castelló, que hasta ahora ha servido para blindar el capital social en manos de socios locales y evitar la entrada de accionistas externos.