Los cerdos españoles siguen esperando el bienestar que les habían prometido. Desde que el pasado 1 de enero entraran en vigor las nuevas normas sobre el bienestar del ganado porcino, España y otros dieciséis países de la Unión Europea todavía no han aplicado estas medidas. Por ello, la Comisión Europea (CE) les ha dado un ultimátum y les ha instado a que se ciñan a las normas. Según el comisario de Sanidad y Consumo, Tonio Borg, Bruselas «ya ha dado pasos preeliminares para poner en marcha procedimientos de infracción» que aplicará contra los países que infrinjan las normas. De hecho, a finales de este febrero la CE tiene previsto enviar una carta de emplazamiento a los estados miembros incumplidores, entre los que figuran los mayores productores de ganado porcino, tal y como indican fuentes comunitarias. Sin embargo, la propia CE confía en que durante este mes algunos de estos países reaccionen y adopten medidas contundentes para evitar ser expedientados. De momento, son sólo diez los Estados que cumplen la normativa, entre los que se encuentran Austria, Rumanía, Lituania o el Reino Unido.
Estas normas exigidas por la CE suponen cambios en las instalaciones de las granjas para que los suelos sean «contínuos, compactos y con menos de un 15 % de aberturas de drenaje» y así evitar ser resbaladizos y también modificaciones en el revestimiento de los espacios para impedir autolesiones. Además, la normativa indica que los cerdos deben contar con patios de tierra abiertos con cobertizos donde puedan protegerse del mal tiempo y las alimañas y con suficiente espacio para moverse y tumbarse sin agobios.
La nueva normativa comunitaria también indica que los cerdos deben comer como mínimo una vez al día y disponer de al menos ocho horas de luz diarias. Por otro lado, los trabajadores están obligados a tener una formación adecuada para evitar las peleas entre los propios cerdos. En cuanto a las hembras gestantes, las directrices europeas obligan, entre otras cuestiones, a alojarlas en parques grupales a partir de la segunda semana de gestación en las explotaciones que tengan más de diez cerdas. El incumplimiento de estas medidas en las granjas supondrá una multa y su cierre inmediato si no reducen su censo a nueve cerdas.
Temor entre los productores
Aunque es posible imaginar que los cerdos españoles esperan todos estos cambios como agua de mayo, los productores, sin embargo, temen que la aplicación de estas medidas perjudiquen muy negativamente al sector.
Según la organización sectorial Anprogapor, la aplicación de las normas comunitarias ya ha supuesto inversiones superiores a los 700 millones de euros, lo que, además, podría llegar a causar el fin de más de mil explotaciones. La mayoría de cierres ha afectado a las granjas de entre 10 y 99 madres, no a las explotaciones de los grandes grupos ni a las granjas con menos de diez animales, que no están obligadas a realizar estos cambios.
Los datos que maneja la agrupación indican que el coste de realizar obras en las granjas en materia de estructuras, suelos y revestimientos se eleva hasta los 300 o 350 euros por animal. Además, denuncia que no han recibido ayudas públicas estatales para acometer dichas obras. Pero lo que, quizá, supone un mayor temor para ellos es que estiman que los costes de producción podrían incrementarse por encima del 10 %, lo que, en la práctica, implicaría una pérdida de competitividad frente a otros países del mundo.
De hecho, algo similar ha venido ocurriendo con el sector de la avicultura. Desde que el 1 de enero de 2012 se empezaran a aplicar las nuevas exigencias sobre el bienestar animal, los resultados para el sector han sido negativos. El número de gallinas y de granjas ha caído estrepitosamente, se ha notado una acusada bajada de la producción, ha habido una reducción de su capacidad competitiva en terceros países, han aumentado las importaciones de ovoproductos para la industria y se ha experimentado una subida media de precios en el mercado interior que asciende al 40 %.
A pesar de todo, las reglas sobre bienestar del ganado porcino fueron acordadas hace doce años, en 2001. España empezó a aplicar en 2003 una batería de exigencias generales para el sector ganadero, a excepción de las condiciones de manejo de las cerdas, para las que se daba una moratoria de 10 años, hasta el 1 de enero de 2013. Por ello, ahora Bruselas considera que los países ya han gozado de un tiempo suficiente para poder adaptar el sector.
