Nadie en el Fondo Monetario Internacional podrá negar que el organismo no cuenta con bases estadísticas sólidas para calibrar el efecto de sus recetas económicas sobre los Estados en los que interviene. Hace ya dieciséis años, con motivo de la denominada crisis de los tigres asiáticos, el FMI puso en marcha un programa de rescate combinado con fuertes ajustes fiscales y del gasto público cuyas consecuencias recibieron una fuerte contestación social y política. Países como Tailandia o Indonesia no solo vieron recuperar sus economía con la receta impuesta a cambio de la ayuda del fondo, sino que vieron cómo sus problemas financieros se ahondaron y la recesión se multiplicaba. La crisis terminó por extenderse a la práctica totalidad del sudeste asiático. Corea del Sur, Malasia o Laos y se vieron salpicados también otros motores económicos de la zona como Hong Kong, Taiwan o Singapur. El malestar social alcanzó tal nivel que lo que comenzó llamándose crisis de los tigres asiáticos pasó a calificarse como crisis del FMI.
Desde entonces hasta ahora y ya antes con la medidas impuestas a países de Latinoamérica fuertemente endeudados, la receta de austeridad, ajuste fiscal y hachazo al gasto público parece ser la única medicina que ha sido capaz de prescribir el Fondo Monetario Internacional sin que se hayan visualizado sus bondades, al menos si se analizan los resultados en términos de incrementos de riqueza, igualdad y bienestar. Hace apenas una semana, The Wall Street Journal publicaba el contenido de un informe interno calificado de «confidencial» en el que el FMI admite que no supo calcular el coste de las recetas de austeridad sobre la economía griega. Tres años después de que en mayo de 2010 la troika compuesta por el Fondo, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea aprobase el primer rescate griego, los números macroeconómicos del país han empeorado notablemente. El desempleo ha escalado hasta el 27 %, el Producto Interior Bruto (PIB) cayó un 5,3 % en el primer trimestre un 5,3 % y el porcentaje de déficit público sigue disparado, toda que vez que se calcula sobre ese mismo PIB. Los brutales recortes del gasto público han deprimido la economía y se han demostrado inservibles para propiciar la recuperación.
Ya no se trata de hacer una defensa encendida del keynesianismo puro, que aboga por una expansión del gasto público en momentos de recesión, para estimular la actividad económica y aumentar o mantener a su vez los ingresos fiscales, pero lo cierto es que no es la primera vez que el FMI admite el error de sus políticas recientes, calificadas de corte neoliberal. En enero de este año, un documento firmado por el economista jefe del fondo, Olivier Blanchard, y uno de sus subordinados, admitía errores en las proyecciones sobre los efectos sobre el empleo y el crecimiento del PIB de las políticas de austeridad. Ambos reconocieron que cada euro de recorte y subida de impuestos provocaba un descenso de un euro y medio sobre la riqueza del país. O lo que es lo mismo, los ajustes no solo no contribuyen a la recuperación económica, sino que además profundizan en la recesión.
Estas conclusiones son las que han llevado a la directora del FMI, Christine Lagarde, a verse obligada a pedir, aunque de forma tímida, a los dirigentes europeos medidas de estímulo económico que compensen los efectos de la austeridad. Aunque el debate está en Europa, sigue sin concretarse. La ortodoxia económica de Alemania y su aliados norteños impide poner recursos encima de la mesa, pese a que estos países comienzan a notar los efectos de la prolongada recesión del sur. De momento solo se ha abierto la puerta a cierta relajación en los objetivos de déficit. «El gran problema es que las políticas aplicadas son erróneas y el motivo de que Europa siga en recesión y con niveles récord de desempleo, mientras que en EEUU, donde surgió la crisis, llevan ya casi cuatro años en recuperación«, afirmaba Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR). «Las políticas del FMI han fallado bastante veces en su historia, una gran parte en los últimos veinte años. Esta es la continuación, la única diferencia es que en este caso se produjo en un país desarrollado, y actuó en conjunto con las autoridades europeas», señaló.
