10 de febrero de 2014
10.02.2014
Renovables

La fiesta se acabó

El nuevo marco retributivo planteado por el Ministerio de Industria para las energías consideradas de régimen especial (renovables) ha puesto en pie a las empresas del sector. Durante los años de primas y subvenciones proliferaron en la Comunitat Valenciana las instalaciones de energías limpias. Ahora ven peligrar sus inversiones y culpan al Gobierno de actuar con deslealtad y cambiar las reglas del juego en mitad de la partida.

10.02.2014 | 16:36
Energía eólica, molinos de viento.

Los cientos, por no decir miles, de promotores e inversores que participan en instalaciones productoras de energías renovables en la Comunitat Valenciana andan estos días escudriñando el voluminoso informe que el Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de propuesta retributiva para las denominadas energías de régimen especial, básicamente eólica, fotovoltaica, termosolar, cogeneración y biomasa. Se trata de un modelo muy influenciado por el deseo del Ejecutivo de reducir el déficit de tarifa y supondrá un recorte medio de 2.000 millones para las empresas de energías renovables, según han denunciado las distintas patronales.

El borrador de orden ministerial sustituye el anterior sistema de primas, derogado en junio del año pasado, por un modelo basado en el concepto de «rentabilidad razonable» del 7,39% para las instalaciones de renovables y cogeneración operativas, y del 7,5% para las que entren en funcionamiento en el futuro. La retribución llegará a través de la venta de energía al mercado mayorista, que se complementará con inyecciones económicas en función del coste de inversión de las plantas.

La nueva orden ministerial fija más de 1.400 estándares retributivos para las instalaciones. Hay 806 instalaciones tipo para la cogeneración, 576 para la fotovoltaica, 23 para la eólica o 18 para la termosolar, en los que se cruzan variables como la potencia, el posible combustible, la tecnología, las modificaciones sufridas o el año de autorización de explotación.

El malestar entre los productores deriva del cambio que supone para las plantas que construyeron con planes de negocio basados en el modelo anterior. Fuentes de Avaesen explican que en el caso de la cogeneración hay productores locales que se verán obligados a echar el cierre porque ya no resulta rentable producir. No obstante, los estándares retributivos son tan dispares que otras plantas ganarán incluso más dinero.

La eólica es una de las más perjudicadas porque los parques construidos antes de 2005 se quedan directamente sin ayudas y tendrán que competir en el mercado libre. Industria considera que estos parques ya están amortizados. En la Comunitat Valenciana hay 38 parques con una potencia instalada que representa el 5,18 % del conjunto de España. Acciona, Iberdrola y Renomar (participada por Acciona, Caixabank e inversores valencianos) aglutinan el grueso del mercado, pero hay también algunos pequeños productores.

Muchas instalaciones fotovoltaicas construidas con costes de 2008 y años anteriores también tendrán que renegociar deudas o irán a la quiebra. La Comunitat Valenciana vivió desde 2006 una explosión al calor de las ayudas públicas. Ahora hay en marcha 5.498 instalaciones solares, cuando en 2005 la cifra era de 679. Desde el sector se afirma que la tecnología ha crecido lo suficiente como para competir sin apenas ayudas en el mercado de la energía, pero que las plantas y cubiertas anteriores se construyeron con planes financieros que con el nuevo sistema retributivo será muy complicado cumplir. Algunas plantas incluso tendrán que devolver dinero recibido de más por los seis meses transcurridos entre la derogación de los decretos en 2013 y la aprobación del nuevo modelo retributivo.

El carácter retroactivo del nuevo sistema es lo que solivianta a inversores y productores. Este viernes, una veintena de socios de la patronal valenciana de renovables Avaesen, se reunió para analizar el borrador de Industria. Algunas voces abogaban incluso por hacer reclamaciones patrimoniales al Gobierno. "Lo que han hecho es ilegal. Nos sentimos expropiados. Van a por la propiedad privada", afirma un inversor valenciano que compara la forma de legislar en energía del Gobierno con la de países con muy poca seguridad jurídica.

Lo que parece seguro es que bien a través de Avaesen o de patronales nacionales van a llover los recursos judiciales si la iniciativa de Industria sale adelante. De momento, la práctica totalidad de afectados tiene previstos presentar alegaciones.

La inseguridad jurídica y la decisión del Gobierno (cuyos recortes comenzaron en 2010 con el socialista Miguel Sebastián al frente de Industria) de atacar el déficit de tarifa reduciendo las ayudas a las renovables ha tenido repercusión en el desarrollo de sector. En términos de empleo, la industria local llegó a dar trabajo a 7.500 personas. Ahora hay apenas 3.500 personas que viven de las energías renovables, menos del 50 %. "Hay que tener en cuenta que solo en Siliken (el fabricante valenciano de paneles solares) trabajaban 350 personas", afirma Marcos Lacruz, presidente de Avaesen.

Con fecha de caducidad

El borrador de Industria también recoge las vidas útiles de las instalaciones que oscilan entre los 20 y los 30 años. La cogeneración quedará dentro de los 20 años, la fotovoltaica en los 30 años y la termosolar en los 25 años. Aparte de la rentabilidad razonable recogida, la nueva orden recoge un incremento anual de la retribución percibida del 1% hasta el final de la vida útil de la planta. La nueva orden también recoge unas estimaciones del precio de la electricidad de 49 euros por megavatio hora (MWh) para 2014 y de 50 euros para 2015. Sobre estas referencias, y con unos máximos y mínimos de precios, se fija la rentabilidad razonable de cada periodo regulatorio de seis años, con revisiones cada tres.

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