01 de enero de 2015
01.01.2015

Saltan las alarmas

02.04.2014 | 10:13

Las alarmas hace tiempo que saltaron: la deuda pública española no deja de subir y seguirá haciéndolo hasta 2018, cuando el año se inicie con un 105 % del PIB. Es un mal común en las economías avanzadas. El problema es si esta escalada es sostenible. Las propuestas no son nada amables e inciden en seguir con los esfuerzos fiscales. Más sacrificios.

Como en otras tantas cosas, la crisis ha abocado a España, de ser alumno aventajado, a integrar el pelotón de los más torpes de la clase en cuanto a deuda pública. Los datos son elocuentes: Cuando se inició este período recesivo en 2007, después de unos años de altos ingresos y superávits en las cuentas, el Estado tenía una deuda equivalente al 36,3 % del PIB, casi la mitad que Alemania y Francia y muy lejos del 103,3 % de Italia. Entre ese año y el tercer trimestre de 2013, esa ratio se multiplicó por 2,6 hasta alcanzar el 93,9 %, por encima de Alemania y Francia. Y no se va a quedar ahí, porque, como pronostica el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se deduce de las dificultades del país para controlar el déficit, de una recuperación que se estima lenta y de unas desorbitadas tasas de paro, la previsión es que siga subiendo en los próximos ejercicios hasta llegar al 105,1 % en 2017. Al año siguiente se produciría el primer descenso, pero sería solo de medio punto, es decir, hasta el 104,6 % del PIB. La gran incógnita es si esos volúmenes son sostenibles. Y esa es una de las cuestiones que el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de Valencia y experto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos, trata de resolver en Sostenibilidad de la deuda pública: España en el contexto europeo, un estudio publicado esta semana por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
Maudos recuerda un reciente informe del FMI en el que los polémicos economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff muestran cómo en la actualidad la ratio deuda pública/PIB de las economías avanzadas se sitúa en el 108 %, «un nivel solo alcanzado tras el final de la Segunda Guerra Mundial». Se trata de un porcentaje que triplica al del resto de economías (35,3 %) y que, como en el caso español, va a seguir en progresión ascendente. A esta tendencia hay que añadir la «vulnerabilidad» que ocasiona tener una elevada deuda externa neta, que incluye la pública y la privada y que se mide descontando los activos en el exterior de una economía. La denominada posición de inversión internacional refleja la capacidad de un país para devolver lo que adeuda y es la que determina la prima de riesgo y, en consecuencia, el coste de la financiación. En el caso español, esa posición era negativa en un 98 % del PIB en septiembre de 2013, tras aumentar 19,9 puntos desde 2007.
Ante esta tesitura, como afirma el investigador del Ivie, «han saltado todas las alarmas», que llevan a cuestionar la sostenibilidad de esa deuda «y la necesidad de proponer alternativas para resolver el problema». Maudos asegura que entre las mismas se barajan «propuestas como el crecimiento económico, ajuste fiscal/austeridad, la suspensión de pagos/reestructuración de la deuda o la represión financiera con inflación, entendiendo por represión medidas que supongan transferir riqueza desde los ahorradores a los acreedores (nacionalización de fondos de pensiones, nuevos impuestos, controles de capital, etcétera)».
Este experto asegura que la sostenibilidad de la deuda depende de varios factores y cita «la tasa de crecimiento del PIB, el tipo de interés de la deuda, el nivel de endeudamiento de partida y la magnitud del déficit/superávit primario, es decir, el que no tiene en cuenta los intereses de la deuda». En su opinión, para que la ratio disminuya, es necesario, no solo conseguir superávits primarios, sino que el PIB nominal crezca por encima del tipo de interés implícito de la deuda pública. Sin embargo, el catedrático recuerda que las previsiones de la Comisión Europea para 2014 y 2015 sitúan el crecimiento real del PIB en el 1 % y el 1,7 %, respectivamente, por lo que, con una tasa de inflación prevista inferior al 1 %, el crecimiento nominal se situará por debajo del 2 % y 2,7 %. El coste de la deuda, por su parte, tendrá un tipo de interés de aproximadamente un 4 %, «por lo que solo con un superávit primario de al menos el 1,3 % del PIB se conseguiría estabilizar la deuda».
Sin embargo, las últimas previsiones del FMI «dibujan un escenario» en el que España seguirá teniendo un déficit primario hasta 2016 (-0,6 % del PIB), para solo en 2017 (+0,4 %) y 2018 (+1,4 %) pasar a generar un superávit primario».
La consecuencia de todo este cálculo es que el peso de la deuda pública española sobre el PIB solo dejará de aumentar en 2018. Por tanto, como afirma Joaquín Maudos, «es necesario cumplir escrupulosamente con los objetivos de déficit, además de que la incipiente recuperación económica se afiance e intensifique en los próximos años, lo que a su vez permitirá seguir disfrutando de la confianza de los inversores para financiar la deuda a tipos razonables». Este experto se alinea con la Comisión Europea y apunta que «asegurar una reducción de la deuda pública española a medio plazo requiere un permanente esfuerzo fiscal». De lo contrario, las medidas que se requiriesen serían, sin duda, mucho más duras.

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