Un informe de los Mossos d'Esquadra conocido esta semana concluye que la mayor amenaza para la estabilidad futura de Cataluña no está en esa España con las manos tan largas ni siquiera en la cabeza de los dirigentes independentistas, que ya es decir. No. Es la marihuana. El creciente poderío de los productores y comercializadores de esta droga ilegal auguran que, en un futuro próximo, estas organizaciones criminales puedan tratar de corromper a los poderes públicos para seguir creciendo. La amenaza es de calado y no hay que tomarla en saco roto. Basta echar un vistazo a países como México o Colombia para calibrar el daño que pueden provocar estas mafias. También cabe preguntarse si hemos llegado tarde, quiero decir si los traficantes de drogas ya han empezado a untar a los poderes públicos españoles. Incluso no es ilusorio fantasear si hay personas del ámbito económico o político detrás -en lo más recóndito del armario- de este negocio.
Todos sabemos lo que sucedió en Estados Unidos con la ley seca de los años veinte del siglo pasado. Se prohibió el alcohol y empezaron a prosperar -en muchos casos, a ascender desde la miseria- un sinfin de personas que se enriquecieron con la producción y venta de este producto, aunque tuvieran que llenarse de sangre las manos. Como era ilegal, las autoridades tuvieron, por un lado, que luchar para reprimir este tráfico, aunque por el otro muchos -jueces, policías, políticos-fueron cómplices, por vía del cobro de dólares, del mismo que negocio que debían erradicar. Aquello acabó como el rosario de la aurora y hubo que volver a legalizar el alcohol. Porque, a todo esto, los estadounidenses, por supuesto, no dejaron de consumir whisky y demás licores, aunque las condiciones de destilación no fueran las más apropiadas y al final lo que algunos tragaran fuera un remedo de líquido de frenos, que, al parecer, sigue teniendo su mercado cuando los rusos sin recursos quieren hacer un zapoi, o sea, cogerse una cogorza de campeonato. Por cierto, cuando se legalizó el alcohol, la mafias dirigieron sus esfuerzos hacia otras drogas, como la cocaína o la heroína.
Es algo que no comprendo. ¿Qué sentido tiene ilegalizar el consumo de un producto -la marihuana, además, está autorizada en algunos lugares solo para usos medicinales- que la gente sigue consumiendo pese a la prohibición? ¿No nos enseñó nada la ley seca? ¿No sería mucho más lógico que el Estado regulara la venta y producción de drogas como esta para evitar adulteraciones a veces letales y propiciar un consumo más seguro a quien quiera? Son legión los abstemios o los que no pasan de un copa de vino o una caña, por hablar del alcohol. O los que no fuman. Es más, ¿nos hemos parado a pensar en los ingresos fiscales que obtendría el Estado si se legalizara la venta de drogas o en la cantidad de dinero que mueve esta economía sumergida? Por cierto, qué querencia la de este país por no evitar el fraude de todo tipo de negocios en negro, que algunos elevan a más del 20 % del PIB. ¿Y los gastos? La policía catalana eliminó en 2019 más de 221.000 plantas de marihuana, desmontó 368 plantaciones y arrestó a 2.729 personas, que acabaron ayundando a colapsar la justicia y las cárceles. En los Países Bajos, el cannabis es legal, se puede, si se quiere, consumir en los coffee shop. Y no parece que el hachis o la marihuana hayan atontado más a los holandeses que a los españoles.Eso sí, ellos tienen menos economía sumergida.
