Esta intervención del Estado no tiene parangón con lo ocurrido en recesiones anteriores, incluida la crisis financiera de 2008 (y su extensión en 2012 a España y Grecia). En la depresión de los años treinta, por ejemplo, y excepto en Suecia por la influencia de la escuela de Estocolmo, los programas anticíclicos fueron mucho más modestos y plagados de medidas contradictorias. Y los aumentos del gasto público en las crisis posteriores tampoco son comparables. Un déficit público superior al 14% del PIB como el de 2020 no se ha alcanzado en España en ningún momento de su historia contemporánea. Incluso, en Estados Unidos, durante la Gran Depresión, el año en que el déficit fue mayor fue en 1934 con un 5,4% del PIB, la tercera parte del que tendrá España en 2020». Quien hace tan rotunda aseveración es el catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de València, Jordi Palafox. Cuando el pasado 13 de marzo, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez decretó el estado de alarma para contener la expansión del coronavirus, España entró en territorio desconocido, como tantos países en todo el mundo. El confinamiento de la población y el cierre de negocios, en suma la parálisis de la sociedad y su enclaustramiento inicial, que vino seguido por un proceso paulatino de reapertura y, otro, el actual, de crecientes restricciones por los rebrotes, ha obligado al Estado a tomar medidas inauditas, sobre todo en su magnitud, con ayudas masivas para contener el impacto en empresas y trabajadores. En este tiempo, puede que no exista ni un sector de actividad que no haya salido a la plaza pública a pedir el auxilio económico del Estado, que se ha endeudado a niveles nunca vistos. Todos llaman a su puerta. Es el papá Estado. ¿Es excesivo ese peso? ¿Por qué no ha reaccionado la sociedad civil pudiente? ¿Qué peligros comporta esta situación?
El presidente de la patronal autonómica y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, admite que «es cierto que estamos dando la imagen de que las empresas no dejan de pedir al Estado, pero no hay que olvidar que ha habido un cierre por imperativo legal. No es culpa de los empresarios». Vicente Pallardó, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València, incide en la misma idea: «El Estado tiene que velar por la sanidad y si, para hacerlo, impide actuar al sector privado, como ha sucedido» tiene que poner medios, porque solo él «tiene vías privilegiadas de financiación mediante los impuestos, la compra de activos por los bancos centrales o los fondos europeos». En este sentido, el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, apunta que, sin la actuación del Estado, a través de la financiación de las empresas o los ERTE, «hubiera habido un colapso absoluto». En su opinión, no obstante, hay dos riesgos esenciales: «Pensar que el Estado lo puede pagar todo, como defienden algunos que piensan que el endeudamiento es infinito. Pero esa inversión -la deuda hay que devolverla- solo tiene sentido si sirve para crecer y generar ingresos públicos que eviten una presión fiscal alta o la alternativa del recorte del gasto». Otro riesgo procede de no ser «cuidadosos a la hora de elegir prioridades». Por ejemplo, que las ayudas vayan a colectivos que no se han quedado atrás, como empresas que piden ERTE pero cuyos empleados siguen trabajando de forma parcial. «Es posible que algo de eso esté pasando», afirma.
¿Y la sociedad civil? Pallardó afirma que «es muy pasiva, prefiere que todo lo haga el papá Estado» y añade que, a diferencia de los países anglosajones, como en Esados Unidos, cuyos magnates abogan por que les suban los impuestas, aquí reina el silencio, a excepción de casos singulares como Amancio Ortega, a quien por cierto criticaron con dureza cuando hizo aportaciones altruistas a hospitales. Navarro cree que «muchos empresarios están ayundando a sus municipios» y ve «difícil que digamos que nos suban los impuestos, porque ya lo dicen algunos políticos». Pérez, por su parte, pone en valor las medidas a nivel interno que están haciendo «grandes empresas o patrimonios, que están aguantando la situación con su pulmón». Y pone como ejemplo Inditex, que no ha aplicado ERTE pese a pertenecer a un sector muy tocado por la crisis.
Los tres coinciden en que esta sobreexposición del Estado es reversible. «Temporal», en palabras de Navarro. Pérez no ve «razones para que el Estado mantenga ese peso y añade: «Hay dos modelos. El capitalismo político chino y el capitalismo de mercado con un sector público potente que domina en Europa. Esos dos modelos están en competencia y la crisis tendrá implicaciones en el devenir de ambos. Ahora bien, si la respuesta a la crisis en Occidente no es un fracaso, no veo que vaya a haber un cambio sustancial». Pallardó abunda en esta cuestión teórica. Recuerda que el sistema de capitalismo mixto que tiene, por ejemplo, España era defendido por socialdemócratas, liberales y conservadores. «Se lo quisieron cargar los neoliberales y se lo quieren cargar algunos radicales de izquierda que quieren resucitar el comunismo. Poca gente defiende ahora ese capitalismo mixto que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que nos ha llevado al desarrollo con un papel esencial del Estado pero no omnipresente», asegura antes de añadir que el modelo chino, puesto en valor por su mejor control de la pandemia, «es más capitalista que comunista, con intervención estatal en los sectores estratégicos, autoritarismo político y con un Estado de bienestar que es una broma respecto a Europa e incluso Estados Unidos». Es un modelo de futuro «peligroso», según Pallardó, quien cree que el «protagonismo del Estado debe ser provisional, porque si no sería un error histórico». Y concluye que el modelo chino no lo defiende la extrema izquierda, «porque quiere volver al comunismo», pero «podría» ser del gusto de la extrema derecha, como Vox.
