Últimamente, las noticias sobre la pandemia nos tienen sumidos en un tobogán de pesimismo económico y esperanzas sanitarias. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB español caerá un 12,9% a lo largo de 2020. No se conoce una caída tan profunda de nuestro PIB desde la Guerra Civil. En el peor año de la anterior Gran Recesión, 2009, el PIB español se redujo mucho menos: un 3,8%. Económicamente, ¿lo vamos a pasar peor que durante aquella Gran Recesión?
En promedio, para el conjunto del país, no. Mejor dicho, no necesariamente. Y ello por dos razones. Primero, porque esta crisis económica es distinta y, segundo, porque se ha aprendido de los errores de política económica cometidos durante la Gran Recesión.
Con respecto a lo primero, la diferencia con respecto a crisis anteriores es que en el origen de esta no hay desequilibrios y problemas económicos destacables. Algo muy distinto a lo que ocurría en 2008, cuando la economía española llevaba varios años galopando a lomos del crecimiento desproporcionado y especulativo de la construcción. Un crecimiento que estuvo alentado por un sistema bancario que concedió una enorme cantidad de crédito sobre garantías ligadas al propio proceso especulativo. La primera condición para salir de aquella crisis fue, pues, reconducir los excesos del ladrillo y reestructurar un sistema bancario que en buena medida estaba quebrado. Lo esencial del duro proceso de saneamiento que hubo que acometer nos llevó más de un lustro. Por el contrario, a principios de 2020 la economía española crecía razonablemente y sin desequilibrios destacables. El origen de la actual recesión no está en un mal funcionamiento de la economía sino en una crisis sanitaria que impide o dificulta la producción y el consumo. Esto hace más sencillo un retorno a la normalidad cuando vayan desapareciendo los problemas epidemiológicos, lo que podría ocurrir a lo largo del próximo año. Ahora bien, un retorno moderadamente ágil será posible siempre y cuando se neutralice el mecanismo habitual de amplificación de las crisis económicas. De otro modo, este mecanismo podría transformar esta crisis en una prolongada recesión de tipo convencional.
¿En qué consiste ese mecanismo habitual de amplificación de las crisis económicas que debemos neutralizar? Consiste en la destrucción de puestos de trabajo y de empresas viables que se produce durante las recesiones. El adjetivo «viables» es aquí clave. De manera temporal, la pandemia está haciendo redundantes muchos puestos de trabajo y situando en pérdidas a muchas empresas que, sin embargo, pueden generar riqueza neta a largo plazo. Cuando la pandemia desaparezca, necesitamos que estos puestos de trabajo y empresas sigan existiendo.
Afortunadamente, las políticas que se están aplicando en la actualidad son muy distintas de las aplicadas inicialmente en tiempos de la Gran Recesión y van en la buena dirección. Durante la Gran Recesión, las autoridades europeas y los organismos internacionales insistieron en reducir rápidamente los déficits públicos aunque ello conllevase dolorosos recortes presupuestarios y un agravamiento de los problemas de la economía. En la actualidad, todas las instancias de gobierno así como organismos internacionales como el FMI están de acuerdo en mantener el apoyo a la economía con presupuestos expansivos que incluyen programas como los aplicados en España, dejando temporalmente de lado los objetivos de déficit público. En el apartado financiero, las autoridades europeas han dejado claro su compromiso de facilitar liquidez a los mercados y las empresas -frente a la cicatería que exhibieron entre 2008 y 2012– y las autoridades españolas se han embarcado en una extensa política de avales que facilitan el crédito a las empresas. En el apartado fiscal, con mayor o menor prontitud y eficacia, se han puesto en marcha programas especiales de sostenimiento del empleo a través de expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), de ayudas por cese de actividad a los autónomos y de un ingreso mínimo para los colectivos más vulnerables. En la medida en la que estos programas se mantengan suficientemente dotados, la economía podrá recuperarse con cierta velocidad cuando desaparezcan los problemas sanitarios.
Ahora bien, mantener la solvencia de las empresas viables, la vigencia de los contratos de trabajo y unos niveles mínimos de ingreso de todas las familias no sale gratis. Y, lamentablemente, el punto de partida del endeudamiento público de España es ahora mucho peor que al inicio de la anterior crisis. Cuando en 2011 se modificó la Constitución Española para aplacar el temor de los mercados financieros internacionales a una eventual insolvencia de nuestro país, la deuda pública no alcanzaba el 70% del PIB. A finales de este año, la deuda pública superará el 120% del PIB.
En la actualidad, tenemos la fortuna de que el paraguas de la Unión Europea y los anormalmente bajos tipos de interés nos permiten pagar a plazos los gastos extraordinarios de las políticas de ayuda a empresas y familias. Pero aunque sea a plazos, habrá que pagarlos, y eso significa reforzar las bases fiscales del país durante un buen número de años. Esto parecería una obviedad si no fuera porque todavía oímos el pasado mes de septiembre desde alguna de las comunidades autónomas más pobladas del país el compromiso de realizar durante los próximos años «la mayor reducción de impuestos de la historia».
Sin duda, a todos nos gusta que nos bajen los impuestos. Pero no podemos caer en el autoengaño. Se puede evitar que los desiguales costes económicos de la pandemia hundan a algunos sectores de la población y que la recesión dure mucho más que la excepcionalidad sanitaria. Pero para ello, los distintos niveles de gobierno deben actuar con unidad y responsabilidad, y los ciudadanos debemos ser conscientes de que habrá que aceptar algunos sacrificios. De otro modo, los programas de ayuda a empresas y familias podrían quedarse cortos en cuantía y extensión temporal, abriendo el camino a una larga recesión.
