Bosal recibió ayudas de 269 millones de pesetas que no deberá devolver pese a cerrar

La multinacional Bosal recibió por asentarse en Sagunt ayudas públicas de cerca de 269 millones de pesetas, más de 1,6 millones de euros que ninguna legislación le obliga ahora a devolver pese a cerrar esa planta dedicada a la fabricación de componentes del automóvil creada hace casi 30 años.

La empresa, constituida en 1986 y que inició su actividad en la capital de El Camp de Morvedre en 1989, recibió esa subvención directa de la Generalitat Valenciana, que de esta forma financió una quinta parte de la inversión inicialmente prevista, que rondó los 1.345 millones de pesetas (8 millones de euros).

Estas ayudas estuvieron acompañadas por exenciones fiscales y facilidades de crédito, como recoge la documentación de la época consultada por Levante-EMV. Sin embargo, el portavoz del PSOE en la comisión de Industria de Les Corts, Paco Toledo, confirmó ayer a este diario, que la multinacional no tendrá que reembolsar ni un céntimo y precisó que su grupo ya ha presentado una enmienda a la nueva Ley de Hacienda Pública, Sector Instrumental y Subvenciones para exigir esas devoluciones con intereses a las multinacionales que desinviertan en la Comunitat Valenciana.

Los socialistas defienden que esta medida se aplique de forma retroactiva para que afecte tanto a Bosal como a Galmed, planta de galvanizado que clausuró su fábrica de Sagunt hace más de un año también por motivos estratégicos de la empresa más que por los malos resultados económicos de la planta. «Los gobiernos deben tomar medidas urgentes y drásticas. Si no es así, estamos a merced de las grandes multinacionales. Y ya que el Gobierno valenciano está liderando la desindustrialización, por mucho que lo niegue el conseller „en referencia al titular de Economía, Máximo Buch„ debe ser pionera en la lucha contra ella», según Toledo.

Entre las propuestas realizadas por su grupo se encuentra la penalización económica a las empresas que se deslocalicen, la exigencia de la devolución con intereses de las subvenciones públicas que hubieran recibido y el establecimiento de un periodo de ocho años sin más ayudas de este tipo; todo un paquete de normas que se defenderían para su generalización en todo el Estado y en la Unión Europea pues, según Toledo, en el ámbito comunitario hay un acuerdo similar del Parlamento que aún no se ha cristalizado en normativas concretas.

El diputado señalaba que son medidas «perfectamente aplicables» y «muy necesarias». Según apuntaba: «Ahora mismo no hay ningún mecanismo legal para exigirles absolutamente nada a estas empresas que en su día recibieron subvenciones públicas. Esto es algo inasumible», decía Toledo, mientras participaba en la concentración desarrollada ayer por los trabajadores de Bosal a las puertas del Ayuntamiento de Sagunt.

«Dar la cara»

El partido comunista de Sagunt exigió también al Ministerio de Industria que «tome cartas en el asunto para evitar que una empresa subvencionada con fondos públicos actúe contra sus empleados como una delincuente». Además, lamentó las «mentiras» de la empresa tanto a los trabajadores como a las instituciones, unas «intolerables» prácticas de «piratería empresarial» con el único fin de «despedir a todos los trabajadores sin ningún tipo de indemnización», en palabras del concejal de EU Paco Aguilar.

El trabajador de Bosal, edil y exacalde de Canet d' En Berenguer, Octavio Herranz, también lamentó que la conselleria «aún no haya dado ninguna explicación pública sobre el cierre» y coincidía con sus compañeros en mostrarse «muy dolido por cómo se ha producido todo, porque se ha incumplido lo que nos iban diciendo y, encima, nos han dejado sin indemnizaciones al declararse en suspensión de pagos».

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