El Supremo tiene la última palabra sobre los despidos de 2012 en Bosal

Mientras los 222 trabajadores de Bosal luchan por mantener sus empleos, 18 personas que fueron despedidas por la dirección de la planta de Sagunt en 2012 están pendientes de que el Tribunal Supremo dicte la sentencia que resolverá un conflicto que acumula fallos judiciales contradictorios en procesos paralelos impulsados por CC OO y UGT.

Todos ellos se iniciaron el 20 de agosto cuando varios operarios, coordinadores, administrativos, un jefe de departamento y una limpiadora hasta un total de 22 empleados fueron despedidos por «amortización del puesto de trabajo debido a causas económicas, productivas y técnicas», según argumentó la empresa, después de acumular «resultados negativos desde 2008 y reducirse las ventas en los cinco primeros meses de 2012».

Una de las peculiaridades de este despido es que se produjo en pleno expediente de regulación de empleo (ERE) acordado con los sindicatos con una vigencia desde el 1 de junio al 31 de diciembre, consistente en la suspensión de los contratos de todos los trabajadores que había en plantilla, que eran 267, a excepción de los que se encontraban en jubilación parcial.

Tras estos despidos, por los que la empresa abonó cerca de 600.000 euros en indemnizaciones, el conflicto llegó a los tribunales por tres vías: dos trabajadores en un proceso, otros dos en otro y el grueso de los 18 empleados en un tercero. Las primeras sentencias llegaron en el verano de 2013 y supusieron respuestas contradictorias por parte de la justicia, ya que en un caso, el que afectaba a dos trabajadores que recayó en el juzgado de lo social número 15 de Valencia, se desestimó la demanda y se consideró procedente el despido, pero en los otros dos, que se encargó de resolver el juzgado número 2, se determinó lo contrario.

De este modo se dictaron dos fallos que determinaban la improcedencia de 20 despidos, lo que obligaba a Bosal a reincorporar a los trabajadores con la obligación de abonarles el sueldo desde el 20 de agosto hasta la comunicación de la sentencia, cerca de 10 meses, o completar con 800.000 euros la indemnización que les había dado.

La empresa se vio obligada de esta forma a hacer una reserva por esta cantidad, aunque no se rindió y recurrió ambas resoluciones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Allí, la sentencia dictada en febrero del pasado año dio por buena el primer fallo que determinó la procedencia de los despidos y aceptó de esta forma el recurso de la dirección de Bosal «por estricta observancia del principio de igualdad de aplicación del derecho».

De esta forma, dos pronunciamientos del juzgado número 2 pesaron menos que el del número 15, que argumentó que «existe un cambio sustancial de las circunstancias que determinaron ERE. Las medidas adoptadas con carácter previo a los despidos tenían como fin adecuar la producción a la demanda y se adoptaron al inicio de 2012, precedidas en aquel momento por una aparente recuperación económica, atendidos los resultados de 2011 que fueron positivos. Las cifras de caída de ventas y las perdidas registradas en el primer semestre de 2012 superaron las previsiones iniciales y constituyen por su alcance una circunstancia sobrevenida con entidad suficiente en este caso para justificar los despidos objetivos acordados».

Pese a que 20 trabajadores han seguido adelante con el proceso a través de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, fuentes próximas al caso reconocen que tiene pocas esperanzas de que la Justicia acabe por dar la razón a los exempleados de Bosal en Sagunt.

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