El jefe de la Guardia Rural de Sagunt, José Mª Martínez, ha denunciando ante el juzgado a la empresa municipal SAG, acusándole de obstruir su actuación en un servicio donde los agentes requisaron material supuestamente robado y pidieron la intervención de la empresa de aseo urbano para retirarlo y transportarlo.
Los hechos sucedieron el 31 de marzo, a las 8,30 horas, cuando los guardas se incautaron de dos planchas de metal de 2 por 1,5 metros, al ver que la persona que las transportaba no pudo demostrar su procedencia y se había abierto una diligencia para enviarla al juzgado por tenencia de material metálico de dudosa procedencia.
Esto les hizo pedir apoyo a la SAG para trasladar las planchas. Sin embargo, según la versión de Martínez, el encargado se negó si no se solicitaba por escrito, por más que los guardas prometieran hacerlo al acabar el servicio; así, finalmente, la Guardia Rural acabó movilizando a efectivos del Consell Agrari que «realizaban tareas urgentes para paliar los daños de las lluvias» para retirar las planchas.
Ante unos hechos que, a juicio del jefe de la Guardia Rural «obstaculizaron gravemente una intervención policial y judicial» y podían volver a producirse, éste se dirigió por carta al máximo responsable de la SAG y le expuso estas consideraciones. En su misiva aseguraba que «no tenía inconveniente en pedir el servicio por escrito», pero reclamaba «inmediatez» en la respuesta «para dejar el material a disposición judicial» y decía «esperar» que «en el futuro, estos malentendidos se solucionen y no se vuelvan a repetir, atendiendo que hay situaciones que pueden ser de vital importancia».
El gerente de la SAG, Enrique Català, le contestó en otra carta respaldando la actuación de su encargado y asegurando que éste también les comunicó en un primer momento que los vehículos de la SAG no eran adecuados para ese traslado. Además, reiteró la necesidad de recibir por escrito «cualquier» demanda de servicio «no municipal» y añadió que la vía oportuna para atender su solicitud era «contactar con el ayuntamiento». «La urgencia... del servicio, no se hubiera resentido de utilizar el canal correcto ya que el ayuntamiento nos hubiera dado orden inmediata», añadía. Asimismo, rechazaba cualquier obstaculización, además de creer que era una acusación «inaceptable y ofensiva» que «no iban a tener en cuenta, dada su ignorancia sobre cómo debía actuar».
Ante esa contestación, el jefe de la Guardia Rural no sólo le remitió un escrito al presidente del Consell Agrari y a la edil de la SAG para informarles de lo ocurrido y de una respuesta que tildó de «arrogante». También decidió denunciarlo al juzgado. Según señalaba a Levante-EMV: «Somos un ente público del consistorio y no puede ser que una empresa municipal con la que debemos colaborar nos ponga obstáculos y su gerente, encima, nos diga que no es un servicio municipal el solicitado. Además, un Real Decreto deja claro que la guardia rural es policía judicial».
El gerente de la SAG, Enrique Català, afirmó a este diario que su encargado tenía «todo su respaldo» porque «actuó correctamente, dado que la SAG, desde que yo llegué en 2009, siempre exige peticiones por escrito de los servicios extraordinarios, incluido a la Policía Local, para estar cubiertos legalmente y a la hora de facturarlos. Y así lo vamos a seguir haciendo en futuro». Junto a ello, apuntó que «eso es algo que todos los departamentos municipales saben o deberían saber». A su juicio: «Hubieran acabado antes llamando a su departamento y pidiendo que nos escribieran un correo electrónico, aunque me dijo el encargado que ese día no teníamos vehículo adecuado para ello, como se le dijo», dijo diciendo estar dispuesto a «responder ante quien sea» de una actuación «correcta».
