El defensor del pueblo valenciano ha recomendado al Ayuntamiento de Sagunt que desarrolle un protocolo para detectar casos de abusos a mayores. El Síndic de Greuges emite este dictamen después de la queja presentada por la sobrina de una mujer de 89 años, que «tiene una dependencia grave», sufre un «deterioro cognitivo leve» y «no mantiene contacto con la única familia que le queda por imposibilitarlo su cuidadora».
Según la denuncia presentada, la afectada, que vivía con su hermana hasta que falleció en diciembre del pasado año, trasladó su residencia a Valencia, «donde no conoce a nadie», puso en venta su piso en el Port de Sagunt y vació tanto su cuenta como la de su hermana, lo que considera indicios suficientes para concluir que su tía está «a merced de la cuidadora», que se encargaba de las dos mujeres mayores desde hacía tiempo.
Estos hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional y trasladados a la sección de protección de las personas con discapacidad de la fiscalía provincial, aunque la sobrina mandó también un escrito al síndic para mostrar su «extrañeza» por la «inadecuada» intervención de los servicios sociales municipales, que conocían la situación de la anciana y la «desatendieron totalmente durante años». Esta familiar lamentaba en su queja la inexistencia de un protocolo para estos casos.
Tramitada la denuncia, el síndic pidió informe al ayuntamiento, que reconoció que amigos de la afectada habían puesto en conocimiento del departamento correspondiente que la afectada recibía cuidados «inadecuados». Estos testimonios llevaron a las trabajadoras sociales a ponerse en contacto con la presunta víctima e incluso le hicieron una visita a su domicilio y «en ningún momento puso de manifiesto que estaba siendo mal atendida», aunque se reconoce que «la cuidadora no la dejó sola».
Este contacto sirvió para constatar mediante un par de tests, que la señora «no estaba incapacitada, así que no podíamos adoptar más medidas sin su autorización». En cualquier caso y «ante las posibles sospechas», los servicios sociales de Sagunt remitieron cinco testimonios de los amigos de la anciana a la fiscalía. De esta forma, defendieron que su actuación fue «similar a la que marca el resto de protocolos en materia de maltratos».
En sus conclusiones, el defensor del pueblo valenciano reconoce la dificultad de saber si el ayuntamiento «vulneró derechos constitucionales» de la afectada, aunque apunta que «si no se apreciaba coacción o intimidación sobre esta persona y ella manifestaba encontrarse bien poca ayuda más podían trasladarle». El síndic califica de «paso acertado» el traslado de los testimonios a la fiscalía, pero señala la necesidad de establecer un protocolo de alerta sobre posibles violaciones de la voluntad de personas dependientes.
«Los técnicos municipales —añade— deben detectar los malos tratos físicos y psíquicos, así como las situaciones de vulnerabilidad». Considera también que «hay circunstancias propicias para que personas sin escrúpulos se aprovechen materialmente de las personas mayores», por lo que «como se ha hecho en los casos de violencia contra las mujeres, hay que desarrollar protocolos con alertas especiales, en mayor medida en poblaciones medianas o grandes».
