El portavoz de Compromís en el consistorio de Canet de Berenguer, Ximo Pons, ha calificado de «auténtico escándalo que el PP apruebe la contratación del servicio jurídico municipal por más del doble de lo que se venía haciendo hasta ahora». En concreto, el edil nacionalista señala que el nuevo servicio costará 66.500 euros al año cuando el anterior, vinculado al exsecretario encarcelado, lo prestaban por 30.000 euros.
Además de denunciar el coste de la nueva asesoría jurídica, Pons lamenta de nuevo la «falta de trasparencia» que ha habido en la adjudicación de este servicio. «Se ha hecho en una mesa de contratación, en una junta de gobierno local, sin que el resto de partidos podamos opinar o preguntar porqué se pasa de los 30.000 euros al año a los 66.500»
Tanto Pons como Cèsar Gargallo, el otro concejal de Compromís en el municipio costero, coinciden en señalar que «otra vez nos topamos con las políticas caciquiles que Benito y compañía quieren perpetuar en Canet. Hace dos veranos usaron el mes de agosto para colar sin luz ni taquígrafos la propuesta del crematorio, y ahora lo vuelven a hacer con la prestación del servicio jurídico a una empresa que además, ya hace algunas semanas que sospechosamente venía ejerciendo sus servicios para el pueblo».
Por su parte, Gargallo expone que «entiendo que es muy difícil que una administración pueda presumir de, con un año de diferencia, contratar un mismo servicio por un coste total de más del doble, que no olvidemos, se paga con el dinero de los vecinos, y sin conocimiento del proceso seguido para su contratación por la oposición de un servicio jurídico del ayuntamiento, no del PP». En su opinión, «llueve sobre mojado y la oposición entera, con nuestro partido a la cabeza, ya denunciamos públicamente los incumplimientos que el PP realiza de los acuerdos plenarios cuando no le interesa», añadía.
En su día, Compromís y otras fuerzas de la oposición ya denunciaron el incumplimiento de celebrar los plenos los jueves últimos de cada mes, como se aprobó por unanimidad el pasado 3 de julio, recordaba el edil nacionalista, un extremo sobre el que el actual secretario del ayuntamiento ya se ha pronunciado dejando claro que «la negativa del alcalde a celebrar el pleno en las fechas prefijadas puede lesionar el derecho fundamental de participación». Con este dictamen, «esperemos que este tirón de orejas legal haga que el PP vuelva a la legalidad y podamos fiscalizar la gestión del municipio», concluye Pons.
