El pleno de Sagunt dio ayer el paso definitivo para que los 3,2 millones de euros de superávit de 2014 se destinen íntegramente a la contratación directa de unos 380 parados durante tres meses a través del tercer plan de empleo municipal, que fue el primero en aprobarse por unanimidad pero genera poco convencimiento en la mayoría.
La primera en expresar sus reservas fue la concejala de Hacienda, Teresa García, quien confesó su intención inicial de dedicar la mitad de ese presupuesto a pagar deuda y «elaborar el presupuesto de 2016 libre de las cargas que suponen los planes de ajuste. No es el plan de empleo que nos hubiera gustado „aseguró en el debate plenario„pero la premura nos ha impedido establecer criterios de selección más justos, como la renta».
La nacionalista añadió que «esto es un tirita», que, eso sí «mejora los planes de ocupación anteriores, por su mayor eficiencia en la generación de contratos». Para reforzar su teoría, García desveló que los dos primeros, que contaron con cerca de 12 millones de presupuesto, dejaron 3,3 millones sin gastar, una de las conclusiones de la auditoría encargada por el tripartito.
Además de comprometerse a que el plan estará en marcha el 1 de octubre, fecha que puso en cuestión Manuel González, Garcia agradeció la colaboración de la oposición, «especialmente desde el PSPV», dijo, aunque su portavoz en el pleno de ayer, Miguel Chover, rehuyó cualquier responsabilidad en el plan: «El éxito o el fracaso será todo del tripartito».
También desde la oposición, Francisco Villar censuró «las incoherencias y la falta de diálogo» del tripartito, al que «no le ha faltado tiempo, porque en febrero ya disponíamos de los 3,2 millones. El problema es que „añadió„ el gobierno no quería hacer el plan de empleo y no lo ha priorizado, pese a ser lo más importante en lo que va de mandato».
Sí por responsabilidad
Además de afear al alcalde, Quico Fernández, que dedique al Consell Agrari los mismos 600.000 euros que le parecieron insuficientes en 2014, Villar justificó su voto favorable «en la responsabilidad política que ustedes no demostraron en anteriores ocasiones», al tiempo que presentó una enmienda, tumbada por el tripartito y los socialistas, para destinar 800.000 euros de este plan de empleo a la generación indirecta de empleo.
Por su parte, el portavoz de EU, Guillermo Sampedro, fue el único que no puso peros al plan, del que destacó la condición impuesta por su partido para que el 100 % fuera para contratación directa. «Ya desarrollaremos un plan para comercios y empresas pequeñas, pero este es para crear puestos de trabajo y la mejor forma es hacerlo desde lo público», aseveró, antes de denunciar que «el modelo que defiende el PP es el que permite a una empresa como Pavasal, que ni es pequeña ni es de la localidad, beneficiarse de 433.000 euros del último plan de empleo».
Esta cuantía, según detalló, contempla la aportación de materiales, la maquinaria y la asistencia técnica, cuestiones que «se han dado directrices para que este año las asuman empresas de la ciudad», aseguró Sampedro.
También desde el tripartito, el edil de Personal, Sergio Moreno, desglosó la baremación en la selección de personal, que partirá con los listados del Servef, sobre los que el ayuntamiento aplicará sus criterios. Los factores más ponderados con 3 puntos serán la condición de haber trabajado menos de 90 días en el último año y el empadronamiento en Sagunt durante más de una década. Las mujeres tendrán 2 puntos, mientras que los desahuciados, las familias monoparentales o las víctimas de violencia machista obtendrán 1. Además, los discapacitados, los inscritos en Promoción Económica y las personas con un menor de 26 años o un discapacitado a su cargo sumarán medio punto.
Sabor agridulce
Entre las visiones más negativas del plan de empleo expresadas ayer, González lo calificó de «deficiente», pero «no hay más remedio que aprobarlo por que no hay tiempo para cambios», mientras Chover reconoció el sabor «agridulce» que le deja por permitir únicamente una «aportación parcial» desde la oposición. Segregacionista y socialista coincidieron en que el tripartito no pidió colaboración, un rasgo que «va en el ADN, no depende de la falta de tiempo o la poca experiencia», según el edil del PSPV, quien, por contra, defendió el destino de todo el dinero a la contratación directa.
Otro que se mostró crítico fue Raúl Castillo, quien mostró su desacuerdo con «las formas, la improvisación y la falta de consenso», además de censurar tanto la falta de inversión indirecta como algunos de los criterios introducidos para la selección de personal por estar «poco estudiados» y resultar en algunos casos «inaplicables».
