La nueva corporación de Gilet descubrió ayer, de repente, en el pleno extraordinario que el ayuntamiento mantiene vigente el convenio con la fundación desmantelada por la Guardia Civil por una supuesta trama de explotación laboral a condenados a servicios a la comunidad; una operación que también incluyó el arresto del exedil de Promoción Económica de Gilet, Salvador Ortí, junto a otras 13 personas.
La información de que ese acuerdo seguía en vigor sorprendió a los presentes después de que el exalcalde, Juan Carlos Vera, hubiera afirmado incluso en declaraciones a Levante-EMV que las relaciones con la fundación Blasco Ibañez se habían roto tras el incumplimiento de contrato de la entidad afín a ésta para explotar el fallido parque de ocio Porta Calderona.
Después de que la secretaria municipal diera a conocer esta situación, todos los ediles presentes en la sesión coincidieron en la necesidad de desvincular la institución con esta fundación por lo que solicitaron al alcalde, Salva Costa, que rescindiera el convenio con esta entidad de forma inmediata, tal y como éste prometió hacer.
La secretaria interventora acreditó que se trata de un convenio marco para todo tipo de actividad que suponga utilidad pública, por el que se autorizan trabajos de mantenimiento y autoempleo. Además, matizó que éste «no vincula al ayuntamiento» en el caso que se investiga al tratase de un convenio marco.
En esta sesión extraordinaria, tal y como avanzó este diario, el pleno aprobó por unanimidad la constitución de una comisión de investigación de «urgencia» por entender que el caso de la Fundación Blasco Ibáñez «salpica al ayuntamiento y pone en tela de juicio su gestión. Se trata de personas y situaciones ligadas a nuestro ayuntamiento, un caso de presunta corrupción que toca al consistorio y no podemos quedarnos con los brazos cruzados», explicaba el teniente alcalde de EU, Antonio Muñoz.
El alcalde añadió que el consistorio adjudicó de forma «irregular» la gestión del parque de ocio a una empresa vinculada con la fundación .
«Adjudicación irregular»
El mandatario de Gilet justificaba esas palabras en un informe de la secretaria del ayuntamiento, al que ha tenido acceso Levante-EMV en el que se dice que el adjudicatario del parque no presentó la documentación que acreditaba que estaba al día en los pagos a la Seguridad Social y Hacienda, que según Costa, son requisitos indispensables para poder adjudicar el servicio. Además añade que la invitación para poder ofertar este servicio se envió a la asociación vinculada a la fundación el mismo día que las plicas salen del ayuntamiento y solo se mandó a esta entidad, a ninguna más, a lo que añade que finalmente se le concede por resolución de alcaldía.
Costa teme que el caso termine tocando al ayuntamiento, por eso «considero necesaria esta comisión de investigación. Hay que recopilar toda la información que exista en el ayuntamiento y colaborar con la justicia desde el minuto uno, además de arrojar luz al tema del mercado o parque de ocio que tantas veces nosotros hemos denunciado en los plenos y en prensa. Estoy convencido de que cuando se empiece a tirar del hilo nos pedirán documentación», decía.
La comisión de investigación estará formada por un representante de cada grupo que conforma la corporación. La primera de las reuniones está prevista para principios de la próxima semana y su contenido será de carácter secreto, ya que se ha arrancando el compromiso de que lo tratado no deberá trascender. En esto, la secretaria insistió en que ésta no puede interferir en la investigación y el proceso judicial abierto.
Comparecencia de Ortí
Dados que son pocos los documentos que existen en el consistorio sobre la actuación de la fundación en el municipio, según se dijo en el pleno, el alcalde señaló que se invitará a la comisión al exconcejal de Gilet, Salvador Ortí, quien fue detenido la pasada semana, según reza en el parte del ministerio del interior, al detectarse una posible vinculación con la trama, que el exedil niega, asegurando que solo les donó material viejo de una empresa suya.
