La exalcaldesa de Canet d'En Berenguer, Amparo Mañó, asegura estar «muy tranquila» con todo el procedimiento seguido en la adjudicación a Egevasa de la gestión del agua en 2008, expediente que agentes judiciales incautaron del ayuntamiento canetero la semana pasada, dentro de la investigación abierta por el juzgado número 12 de Valencia sobre la posible trama de asesorías, estancia que ordenó prisión para el secretario, José Antonio Sancho.
«Te puedo asegurar que hasta donde yo conozco, detrás de este contrato no hay nada raro. De hecho, todos los partidos (PSPV-EU-Bloc y PP) lo aprobaron por unanimidad». Mañó añade que «se siguieron todos los pasos legales. Teníamos los informes técnicos favorables y también los del secretario, quien tenía que velar por la legalidad en todos estos asuntos. Yo me basé en estos informes que me llevaron a dar el visto bueno a la operación», explica.
«El contrato de Egevasa ni me preocupa ni me va a quitar el sueño, porque en ese momento consideré que eran muchas las ventajas que tenía para los vecinos de Canet». El contrato con la empresa del agua se firmó para 25 años, en el que se recogía la construcción de una planta potabilizadora de ósmosis inversa, que «venía a paliar los problemas de suministro que tenía Canet. Esto iba a suponer que dejáramos de ir a por agua a la fuente o que no compráramos más agua embotellada, además de que la calidad era mayor que la ofertada por algunas marcas; así lo pudimos comprobar después de analizar la misma», comenta la exalcaldesa.
La inversión para este proyecto era de seis millones de euros, «por eso se decidió que el contrato fuera a 25 años, para que la amortización resultara lo más cómoda posible para el pueblo». Este coste se repercutiría en los vecinos de la siguiente manera. Por un lado, un pago anual de 27 euros y por otro, los 0,207 euros por metro cúbico consumido. Por su parte, la empresa se comprometía a abonar 100.000 euros anuales al ayuntamiento en concepto de canon.
Estas condiciones fueron las que llevaron a los populares a votar en contra de esta instalación, pese a su interés en que se construyera, al considerar que el pago de los vecinos era «excesivo». tampoco votó a favor, el concejal Ernesto Forner. En ese sentido se pronunciaron en el pleno de diciembre de 2008.
Posteriormente, la conselleria denegó la potabilizadora ante la puesta en marcha del proyecto de trasvase de un metro cúbico de agua del Júcar por lo que la inversión prevista para la planta se destinó a mejoras de la red y mantenimiento durante los años de vigencia del contrato.
Declaración ante el juez
Por otro lado, Mañó acudió a declarar hace unos días, dentro del caso Sancho y la presunta vinculación de éste con algunas firmas que prestaban servicios al consistorio. Respecto a este asunto Mañó no ha querido pronunciarse, «está todo bajo sumario y no puedo hablar»; aunque al igual que con el tema Egevasa, insiste en que «duermo muy tranquila; cuando pueda hablar, hablaré».
Sí que reconoce que la detención de Sancho le sorprendió y que se enteró del caso por la prensa como de toda la investigación, incluidas las visitas de la policia judicial al ayuntamiento.
Muestra su enfado con los responsables del ayuntamiento, quienes «no han tenido ninguna deferencia conmigo. Si lo que se investiga es durante el periodo en el que yo estaba de alcaldesa, no costaba nada informarme. He estado 30 años en el ayuntamiento y siete de alcaldesa, creo que merezco otro trato; estoy muy desengañada».
Por su parte, el exalcalde Octavio Herranz quien también declaraba dentro del mismo caso ha querido aclarar que «no lo he hecho en calidad de imputado. He ido dos veces; una ante la Guardia Civil y de forma voluntaria y otra ante el juez y el fiscal para ratificar lo que conté a la Guardia Civil», terminaba.
