La desalinizadora de Sagunt sigue sumando millones de euros a su cuenta de gastos, mientras se mantiene el más absoluto secreto sobre la amortización de esta faraónica inversión, que en su conjunto ya supera los 46 millones de euros, así como sobre la puesta en marcha de la producción, que el último anuncio oficial databa para el otoño del pasado año.
Además de los 7 millones presupuestados hasta 2017 para la conexión de la planta con el sistema de suministro del área metropolitana de Valencia, el último añadido a este dispendio viene impuesto por el Tribunal Supremo, que ha condenado a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), encargada de la construcción y explotación de esta infraestructura, a abonar cerca de 5,2 millones de euros por la expropiación a ArcelorMittal de unos terrenos de 42.424 m2 para la construcción de las conexiones de la planta con los polígonos industriales de Sagunt.
Esta sentencia, que hace unos días ratificó una anterior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, eleva en 2,7 millones el presupuesto consignado por el Estado, ya que el jurado provincial de expropiación forzosa había fijado el precio en enero de 2012 en poco más de 2,6 millones de euros. Ese primer dictamen valoraba estos terrenos urbanos para uso industrial en 58,97 ?/m2, por los 116,3 ?/m2 determinados por la perito judicial del TSJ.
El doble de edificabilidad
Entre estas dos tasaciones, una de las diferencias se centra en las estimaciones sobre las cargas de urbanización, que el jurado de expropiación sitúa en los 60 ?/m2, mientras el tribunal de lo contencioso administrativo calcula en 61,5 ?/m2. Sin embargo, la principal divergencia se concentra en la edificabilidad de la parcela, que, al no tener ninguna asignada en el ordenamiento urbanístico, se debía dictaminar según los peritajes técnicos. Y es en este caso donde el primer dictamen la tasaba en 0,4623 m2/t, siguiendo las directrices del informe urbanístico del Ayuntamiento de Sagunt, mientras que el segundo, dictado por la perito judicial y avalado por el Tribunal Supremo, lo elevó a 0,97 m2/t.
Tras el primer fallo del TSJ, la Abogacía del Estado presentó su recurso con el argumento de que infringía los principios de igualdad, de unidad y de doctrina, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, al existir un precedente en el que «para una parcela ubicada en la misma zona» se obtuvo un valor del suelo de 31,37 ?/m2. Esta tesis también acusaba a la sentencia de incurrir en arbitrariedad y falta de lógica al asumir la valoración del dictamen pericial, que no había incluido «zonas industriales colindantes a la parcela expropiada» en referencia al polígono químico de Sagunt.
Sin embargo, el alto tribunal desestima las pretensiones de la defensa de Acuamed al justificar que la comparativa que pretende establecer con otras expropiaciones «responden a diferentes proyectos y fechas valorativas distintas», además de que «en el ámbito expropiatorio, la determinación del justiprecio responde en gran medida a las pretensiones de las partes y a su planteamiento en vía administrativa y jurisdiccional».
En cuanto al ámbito que se había tomado como referencia para determinar la edificabilidad, el Supremo reconoce el error de no tomar en consideración el polígono químico, pero considera que es suficiente con «incluir zonas de uso industrial para grandes industrias con parámetros edificatorios semejantes», que en este caso se refieren a Parc Sagunt, el polígono de Ingruinsa, así como el sector del suelo urbanizable no programado de uso industrial del margen sur de la IV Planta.
En su sentencia, para la que ya no cabe recurso, el alto tribunal condena al pago de las costas procesales a Acuamed, aunque las limita a un máximo de 4.000 euros «en atención a la complejidad del tema de debate».
