El exalcalde de Canet d'En Berenguer imputado en la trama de las asesorías, Octavio Herranz, no entiende «cómo unos alcaldes estamos imputados y otros van a declarar como testigos» en clara referencia al actual mandatario, Leandro Benito (PP). «Con esto no quiero apuntar a nadie. Sólo digo que todos deberíamos ser testigos, porque estoy convencido de que los tres hemos actuado conforme a la ley», asegura Herranz.
El socialista justificaba sus palabras explicando que durante seis meses de 2011, periodo en el que se centra parte de la investigación, Benito «también autorizó el pago de facturas de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) y con eso no quiero decir que lo imputen, ni mucho menos». El exalcalde reconoce que ha recibido muy mal la imputación y que está bastante afectado «porque se me señala por hechos que no he cometido».
Ahora que se ha levantado el secreto de sumario, Herranz contaba a Levante-EMV parte de su declaración ante el juez, que le preguntó por tres asuntos: la autorización del pago de facturas y la renovación del contrato con la AVJ, así como el destino de fondos al consorcio Pangea.
En el primero de los casos, el exalcalde insistió en que ninguna de esas facturas venían verificadas por él sino por Intervención y Secretaría y que él únicamente firmó para autorizar las transferencias de pago, «como lo hacía cada mes cuando me pasaban un compendio de facturas de distintas delegaciones entre las que se encontraban, junto a muchas otras, las de la Academia Valenciana de Juristas», afirmaba, a lo que añadía que «lo firmé con el convencimiento de que tenía el visto bueno de los técnicos, además no había ningún reparo por parte de Intervención. Yo seguí el procedimiento habitual que marca la ley».
Respecto a la renovación del contrato con la AVJ, en 2011 antes de que Herranz dejara la alcaldía que ocupaba desde noviembre de 2009, el exmandatario aclaraba que «el secretario informó de que expiraba la adjudicación por lo que «no yo, sino la junta de gobierno autorizó que se iniciara el procedimiento para sacar el servicio a licitación. Tras ponerse en marcha y Contratación estudiar todas las ofertas, un informe señala que la más ventajosa es la de la AVJ, que ratifica la junta de gobierno y entonces yo firmo la renovación».
Según Herranz, en 2013, ya con Benito de alcalde, «se vuelve a realizar la misma operación», aunque este periodo no está sujeto a la investigación.
Por último, en cuanto al consorcio Pangea, «simplemente le dije al juez que otorgamos una subvención contemplada en los presupuestos , como se venía haciendo. Mis actuaciones se ajustaron a la ley, no tengo nada que ocultar y seguiré colaborado con la justicia para demostrarlo», terminaba. El socialista está imputado por supuestas prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
En el mismo sentido se pronunciaba la exalcaldesa Amparo Mañó, también imputada, quien negaba haber firmado nada al tener «todas las competencias delegadas».
