La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) califica de «error», la aseveración del Portavoz de IP, Manuel González, en la que asegura que no había riesgo de prevaricación si el ayuntamiento hubiera autorizado la suelta de patos y que más que una cuestión jurídica, la decisión del tripartito es una cuestión política.
Desde ANPBA aseguran que González «esta confundido» recordándole que la última sentencia habida sobre la «suelta de patos», dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en diciembre de 2014, anuló la autorización concedida para la «suelta de patos» por el anterior gobierno (PP) del Ayuntamiento». Según la protectora, dicha sentencia, en su fundamento jurídico sexto, dispone que «el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho». Dicho «acto administrativo» fue la autorización de la suelta de patos, y la mencionada sentencia declara su nulidad», quieren aclarar.
Esta sentencia, según ANPBA, deja claro que «el tripartito actuó con criterio jurídico acertado al no autorizar la suelta de patos de 2015», anotan en un comunicado, en el que añaden que de no haber sido así, la entidad hubiera llevado el tema a la Fiscalía.
En cuanto a la jurisprudencia, insisten en que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la Comunitat Valenciana «ya se ha pronunciado reiteradas veces en contra de la suelta de patos».
Para ANPBA, IP «incurre en un error » al considerar la Generalitat abre el procedimiento sancionador por infracción administrativa muy grave, precisamente para que el alcalde, Quico Fernández pudiera justificar su acción de no autorizar las cucañas, aclarando que dicho procedimiento sancionador se inicia porque ANPBA, «plenamente consciente de que faltaban escasos días para que prescribiera la infracción de la «suelta de patos» de 2012, remitió un escrito urgente, el 31 de julio de 2015, al director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat solicitando que se incoara el expediente administrativo sancionador a los efectos de interrumpir legalmente la prescripción de la presunta infracción y que se fuera incoado dicho expediente, y así fue 7 días después».
Por último, la protectora también recuerda que la sanción de 30.000 euros impuesta a Sagunt por la Generalitat y luego anulada, está pendiente de resolverse por vía contencioso administrativa ante la demanda interpuesta por ellos contra la resolución de la Generalitat.
