Canet d'En Berenguer pedirá el rescate de la autopista AP7, para que no sea renovada la concesión a Abertis cuando expire ésta en 2019. Así lo acordó por unanimidad el pleno municipal de este jueves, en la línea de las reivindicaciones efectuadas por otros consistorios a partir de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana para solicitar su gratuidad.
Además, en su petición al Gobierno de España, el consistorio canetero recuperará una vieja pretensión: la creación de incorporaciones a la autopista en el actual peaje, en la zona del Ventorrillo, para dar acceso a la carretera desde Les Valls y Canet d'En Berenguer. «Hay estructura para realizar este entrante, de forma que para coger la autopista no sea necesario ir hasta el Pontazgo o Moncofa; sería suficiente con expropiar muy poco terreno, por lo que hay que juntarse y hacer fuerza para conseguirlo», explicaba el portavoz de Compromís, Ximo Pons.
El portavoz de Integración Playa Canet, Carlos Sáez, añadió que las salidas ya están hechas, «puesto que los trabajadores entran y salen por ellas, así que la obra sería mínima», a lo que insistió en no esperar hasta 2019 para solicitar los nuevos accesos. La intención, según César Gargallo (Compromís) es aunar esfuerzos con Sagunt y la Mancomunitat de Les Valls «para conseguir una cosa que sería muy beneficiosa para el turismo de la comarca, por lo que hay que iniciar los trámites e ir haciendo camino».
Rechazo a la corrupción política
La corporación canetera también mostró su rechazo unánime a la corrupción, «para exigir a la Comunitat y al Estado una serie de respuestas a un problema importante que nos ataca y rodea por todos los lados». En la declaración institucional aprobada, Canet solicitará, entre otras medidas, que los políticos condenados por corrupción repongan todo el dinero público que se han apropiado, así como retirarles los honores y con ello, cualquier placa o nombre de calle que les haya sido dedicada en la población.
A petición de Compromís, el pleno también acordó adherirse al manifiesto de la Asociación de Juristas Valencianos para exigir al Gobierno central que retire los recursos de inconstitucionalidad que presentó ante las leyes de Régimen económico matrimonial valenciano, de Uniones de Hecho y de Custodia Compartida. Y es que en caso de que el Tribunal Constitucional anulara estas leyes, ya en vigor, supondría la incapacidad de Les Corts para legislar en el futuro sobre Derecho Civil, así como el sometimiento de nuevo a las leyes estatales en la materia. El alcalde espetó que «no es el momento más idóneo para pedirlo al Gobierno central», pero su grupo emitió también voto positivo a este manifiesto.
