Sagunt ha solicitado a la conselleria de Medio Ambiente tres meses más de prórroga para expresar su conformidad o discrepancia sobre la petición de ocupación de monte público que ha presentado Lafarge después de que el permiso actual caduda en diciembre de 2017.
La administración autonómica ya le emplazó a un pronunciamiento en enero y pasados tres meses, el ayuntamiento ha pedido una ampliación de plazo, que según la concejala de Presidencia, Teresa Garcia, podría ampliarse todo el tiempo que duren las negociaciones, aunque de momento, se ha establecido en 90 días más.
El motivo de la prórroga, es «continuar las negociaciones con la empresa y poder llegar a un acuerdo de explotación de la cantera Salt de Llop». Para ello, el consistorio volverá a sentarse con Lafarge para tratar entre otros asuntos los años de explotación y el modo en que ésta se llevará a cabo contemplando además la restauración de parte de la misma. Cuestiones que deben recogerse en el pliego de condiciones que redactará la conselleria si finalmente se autoriza la ocupación de monte público solicitado, que se concreta en una nueva zona de extracción de 33 hectáreas dentro de las 45 que conforman el perímetro actual de la explotación.
Además de su conformidad o discrepancia, la conselleria ha pedido al consistorio un informe sobre la legalidad de las casas que rodean a la explotación, después de que Sagunt alegara que estos inmuebles padecen daños por la actividad de Lafarge.
Según Garcia, el dictamen ya se ha presentado y en el mismo se deja claro que aunque las viviendas «no están consolidadas y no cuentan con todos lo servicios, no son ilegales al estar en suelo urbano», extremo que contrasta con lo que sostiene el informe del bufete experto en legislación minera de Madrid, encargado por los trabajadores de Lafarge, donde se dice que «buena parte de ese monte está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección», poniendo en duda la legalidad de algunas de las casetas de la zona.
Pronunciamiento de secretario
Por otro lado, el próximo lunes el secretario del Ayuntamiento de Sagunt se pronunciará sobre su competencia o no para emitir un dictamen acerca del informe elaborado por el bufete Pérez Cordero y Pérez Casado sobre el conflicto de Lafarge, tal y como habían pedido los trabajadores de la multinacional.
