El tripartito adaptará a la legalidad el convenio que se firmó con Lafarge en 2013. Así lo anunció ayer el alcalde, Quico Fernández, quien ha explicado que el cumplimiento de la legislación vigente pasa por « ampliar esta explotación en profundidad y dar la posibilidad de otra cantera, bien en el término municipal o bien fuera. Y concretando el tema de El Pinyal, en aquella zona que sea compatible con la ordenación, con la legislación y con la preservación del espacio natural»
A esto se suma, la restauración de la cantera, que el tripartito propondrá que «se haga de manera simultánea. Es decir, que al mismo tiempo que se amplía se proteja el resto de la montaña de Romeu, como no podría ser de otro modo, porque para nosotros lo más importante es preservar los derechos de todos los ciudadanos de nuestro municipio», afirmaba.
El máximo mandatario también quiso responder en una nota de prensa a las acusaciones del PP de llevar al límite a la empresa, poniendo en riesgo la continuidad de la misma y de los puestos de trabajo», declaraciones que tacha de «irresponsables», señalándoles a ellos y otros grupos de ser los únicos que han incumplido el convenio, además de la empresa. «En el pleno del mes de abril de 2015, en la anterior legislatura, al que se llevaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para recalificar la zona de El Pinyal, un aspecto que estaba previsto en el convenio, fue el mismo Partido Popular, como partido de gobierno, quien retiró esta propuesta del orden del día. Y este es el primer incumplimiento del convenio. En segundo lugar, la misma empresa, que en la tramitación del expediente de explotación de Las Margas desistió de su propia propuesta» cuando la ampliación a las margas también se contemplaba en el documento de 2013.
Únicos en cumplir el convenio
Por contra el alcalde señala al tripartito como el único que ha intentado cumplir el convenio «en los términos que indica la misma cláusula del secretario municipal que cierra el texto, y es que el convenio sólo puede ser aplicable de manera coherente con la legalidad vigente». En este punto, advierte a los populares que el no adaptar el convenio a la legalidad y «plantear alternativas que buscan atajos, bien es verdad que no llevan a ningún lugar, sí que puede poner en peligro la continuidad de la empresa». Por último, considera que al PP lo que «le mueve son los derechos de esta multinacional, más allá de los derechos de los mismos trabajadores, que nosotros sí que garantizamos. Y la prueba es que en otras ocasiones en que los derechos de los trabajadores de Lafarge han sido vulnerados, somos nosotros los que nos hemos puesto también junto a los trabajadores que en aquel momento tenían una situación de perjuicio por parte de la empresa»
