El cambio de señalítica en la avenida País Valencia que impide el paso de vehículos de más seis toneladas amenaza con destruir 200 empleos directos. Así se recoge en la carta que el empresario de la gasolinera sita en esta avenida ha remitido al ayuntamiento solicitándole que revoque la decisión.

Según la misiva del empresario, esta medida de evitar el paso de vehículos de gran tonelaje no solo supondrá una pérdida del 50 % de las ventas de la gasolinera, sino que generará «grandes perjuicios» a los negocios de la zona, además de importantes pérdidas del volumen de negocio al impedir la descarga de camiones en la avenida.

Además, el propietario habla de 200 puestos de trabajo directos que se pueden ver afectados, entre los que se encuentran las 13 familias de las que depende la actividad de la gasolinera después de 60 años dando servicio.

El empresario ha solicitado ayuda a los grupos de la oposición para que se elimine la señalítica entre ellos a Iniciativa Porteña, desde donde se ha acusado al alcalde, Quico Fernández, de «sectario» en la toma de esa decisión explicando que «esta situación ya viene de lejos, pues Fernández lleva mucho tiempo detrás de «cerrarle el grifo» al propietario de ese negocio.

Los segregacionistas califican la decisión del consistorio de «discriminatoria, puesto que dentro del mismo municipio, en la avenida Don Juan de Austria, existe otra gasolinera, que obtuvo la compatibilidad urbanística en la etapa en la que Fernández era concejal de Urbanismo, saltándose las normas, sin la pertinente Declaración de Interés Comunitario, que recibió una sentencia de demolición hace más de un año, mientras el alcalde mira hacia otro lado».

IP avisa de que esto puede costar dinero a los ciudadanos, si el asunto acaba con una indemnización al propietario, ya que la ordenanza de tráfico le ampara, según destacan.