Las «contradicciones», así como la falta de especificación en algunos puntos y de concreción en la redacción de otros que pueden inducir a error fueron el motivo esgrimido por el portavoz municipal del PP, Sergio Muniesa, para solicitar que la ordenanza de residuos que iba ayer al pleno de Sagunt se quedara sobre la mesa. Una propuesta que salió adelante con los votos a favor de toda la oposición.
Entre los puntos más controvertidos, Muniesa destacó la potestad que tendrá el ayuntamiento de obligar a comunidades vecinales a instalar un cuadro de contenedores y a mantenerlo, «cuando esto ya va incluido en la tasa que pagamos», comentaba el líder de la oposición. O la obligatoriedad de depositar cada residuo en su contenedor incluyendo el nuevo de orgánica, cuando solo se van a instalar 160, añadía.
Otro de los puntos polémicos es la facultad que tendrá el personal de inspección de poder acceder sin previo aviso a las instalaciones donde se desarrollen actividades que regule la ordenanza, incluidas las viviendas, cuando, según Muniesa, esto contrapone el principio de inviolabilidad recogido en la Constitución.
Otros de los aspectos poco debatidos a los que hizo referencia el líder de la oposición fueron las multas. Por ejemplo, en el caso de incumplir la normativa entre los vendedores del mercado, la ordenanza contempla la posibilidad de perder la parada, un aspecto que el PP considera «discriminatorio», porque no se contempla el cierre de un establecimiento en el mismo caso.
La concejala de Medio Ambiente, Teresa Garcia, se mostró dispuesta a aceptar las premisas del PP, aunque el alcalde señaló que, de no presentarse por escrito, esta posibilidad no era viable, lo que llevó al PP a votar en contra de la aprobación de la ordenanza al no ver recogidas sus sugerencias.
150 euros de multa
En cuanto al régimen sancionador, Garcia adelantó que de momento se interpondrán 150 euros en concepto de sanción, al menos por un año, hasta que la ordenanza esté más rodada. La edil de Compromís advirtió que en la ley de residuos las faltas leves suponen una sanción de 600 euros, las graves de 600 a 6.000 euros y las más graves superiores a 6.000 euros, que deberán adaptarse a la ordenanza dentro de un tiempo.
Esta norma precisa urgentemente de una actualización al estar vigente sin apenas cambios desde 1986.
