20 de octubre de 2016
20.10.2016

Investigación por corrupción sin precedentes en Sagunt

La causa que investiga al exalcalde Alfredo Castelló y a 11 concejales o exediles por supuesto cohecho y prevaricación implicó ayer registros de hasta 13 horas en tres sedes municipales

20.10.2016 | 01:10
Agentes de la UDEF cargando anoche las tres cajas de documentos requisados en el Ayuntamiento de Sagunt.

El Ayuntamiento de Sagunt vivió ayer un día tenso y sin precedentes en la localidad. La irrupción de agentes de la agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para registrar dependencias municipales no dejó indiferente a nadie. Y más, cuando se supo que se enmarcaba dentro de una investigación judicial que achaca supuestos delitos de prevaricación y cohecho al exalcalde de Sagunt y diputado autonómico Alfredo Castelló, así como a otros 11 ediles y exediles, por presuntos amaños de contratos cometidos en los dos anteriores mandatos.

De la incredulidad inicial muchos pasaron a la sorpresa y, de ahí, a un nerviosismo más o menos disimulado que en otros casos era simple curiosidad.

La llegada de los agentes al consistorio se produjo sobre las 9,20 horas y, tras informar al alcalde de los registros ordenados por la titular del Juzgado número 4, más de una veintena se empezaron a desplegar por otros dos edificios municipales, la sede de Camí Reial y la tenencia de alcaldía. Aunque hubo quien llegó a pensar que se trataba de una broma, las dudas duraron poco.

La comisión de Hacienda se vio interrumpida y todos los concejales del gobierno y la oposición que estaban en ella fueron llevados a una sala junto a los jefes de departamento, donde se les pidieron sus datos personales, claves de sus ordenadores e incluso el pin de los teléfonos móviles de los ediles. Era algo nunca visto en la ciudad que no sentó bien a algunos concejales «por las formas», si bien todos colaboraron.

En esos momentos, como confesaron luego, pocos podían imaginar que la investigación judicial apuntaba a posibles delitos de cohecho y prevaricación por parte del exalcalde Alfredo Castelló y de otros once ediles y exediles, como se supo posteriormente, aunque sin que llegaran a trascender más nombres sobre los otros concejales y exconcejales investigados.

Registros durante todo el día

Los registros se prolongaron durante todo el día, pues los agentes miraban factura por factura y en la sede principal del ayuntamiento llegaron a estar hasta las pasadas las nueve de la noche, es decir, unas 12 horas aproximadamente. De allí salieron con tres cajas llenas de documentos. No obstante, más de las 22,00 horas aún seguían en la sede de Camí Reial.

Más rápido acabaron en la oficina que la empresa Aigües de Sagunt posee en el Port, si bien allí también estuvieron pidiendo documentación desde las 9 hasta casi las 17 horas, lo que hizo cerrar las oficinas al público y restringir la atención telefónica a las emergencias que, por suerte, esa mañana se limitaron a dos o tres.

De la sede de la empresa mixta creada por el consistorio y por Aguas de Valencia en 2009, los policías se llevaron una caja con documentación tras requerir contratos de adjudicación firmados desde 2009 hasta 2014.

No obstante, a estas operaciones había que sumar las desarroladas en otras cuatro empresas con domicilio en el «cap i casal», además de Aguas de Valencia.

En el Ayuntamiento de Sagunt, como constaba en la notificación entregada por el juez, se buscaban expedienets de contratación. Concretamente, facturas emitidas en los ejercicios 2013 y 2014 por cuatro empresas que realizaron tareas de Mantenimiento, concretamente, de reasfaltado, alumbrado público, instalación de aire acondicionado y vigilancia. Todas ellas, como informó luego Segregación Porteña, «contaban con informes de reparos por parte del interventor, dado que no contaban con consignación presupuestaria al no tener presupuestos el ayuntamiento desde el año 2009»; una práctica que, como aseguraba su portavoz, no es exclusiva de los mandatos anteriores «sino que se sigue aplicando sin que ello suponga un delito penal».

El otro foco de atención de los policías eran cuestiones relacionadas con la empresa mixta. En concreto, en el consistorio reclamaron contratos, préstamos participativos y facturas de la empresa Aigües de Sagunt, desde la adjudicación a Aguas de Valencia en 2007, hasta 2015.

Valoraciones políticas

La irrupción de los agentes en las dependencias municipales llevó a la convocatoria de una junta de porttavoces urgente donde el alcalde, Quico Fernández, dio cuenta de la información que les había proporcionado el juzgado, insistiendo en que la causa estaba bajo secreto de sumario. A continuación, compareció ante los numerosos medios de comunicación congregados ante las puertas del consistorio y entre los que estaban varias televisiones de ámbito nacional. Allí, reconoció que era una situación «desagradable», que se estaba colaborando con la justicia y que esperaba que «todo se resuelva de una manera favorable y que la justicia haga su camino y el nombre de esta ciudad quede por encima de estas circunstancias».

Casi al mismo tiempo, el exalcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, y la edil de Hacienda, Teresa Garcia, atendieron a los periodistas en Les Corts, ya que ambos estaban en la cámara en su condición de diputados. El primero insistió en que estaba «muy tranquilo» y en que era una ciudad con gobiernos en minoría donde «por lo general había un gran control por parte de la oposición y los funcionarios» y «todo lo que iba a pleno estaba pactado de antemano porque si no no se podía aprobar»; a lo que la segunda respondió destacando que muchos acuerdos se adoptaban en junta de gobierno.

Sin embargo, el resto de las formaciones se pronunció en su mayoría cuando el Tribunal Superior de Justicia ya había hecho público la auténtica sorpresa informativa: Que el juzgado número 4 investigaba por supuesta prevaricación y cohecho a 12 exediles y concejales de Sagunt, entre los que pronto trascendió que estaba el exalcalde Alfredo Castelló.

Entre las reacciones de los otros partidos, el nuevo responsable autonómico de EUPV, David Rodríguez, fue el más duro, reclamando la dimisión de Castelló como diputado «y en caso de no hacerlo, que sea la propia presidenta del PP y portavoz del PP en las Corts, Isabel Bonig, la que le obligue».

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