Las únicas actuaciones recientes que hasta el momento habían relacionado Sagunt con tramas corruptas eran tres gestiones de gobiernos locales del PP: Una subvención entregada a una ONG vinculada con el caso del exconseller Rafael Blasco, la financiación de un acto de campaña del PP en Sagunt correspondiente a las elecciones autonómicas con fondos procedentes supuestamente de la trama Gürtel, así como la adjudicación de una parcela a una firma relacionada también con este entramado corrupto que benefició a una empresario sentado en el banquillo de los acusados, José Luis Ulibarri. Este último caso fue el más perjudicial para las arcas municipales, ya que, tras la concesión de los terrenos y el estallido de la burbuja inmobiliaria, la empresa no sólo renunció a construir las 82 viviendas, sino que reclamó una indemnización millonaria por lucro cesante. Esta cuestión llegó a los tribunales, que determinaron que el consistorio abonara a la firma 1,9 millones, en los que se incluía el pago por su adquisición, así como los proyectos y demás tramitaciones administrativas. E la ayuda a la ONG, también una sentencia determinó que los fondos municipales sí se habían destinado a un centro de menores en Perú, así que desestimó la reclamación para que se reembolsaran los fondos, algo más de 13.100 euros. r. h. Sagunt
