El pleno de Sagunt rechazó ayer prescindir de la representación política en la mesa de contratación, propuesta defendida por Iniciativa Porteña y Ciudadanos que, «pese a que se viene planteando desde hace más de un mes», se debatió apenas una semana después del exhaustivo registro ordenado a la Udef desde el juzgado de Sagunt por las sospechas de corrupción que se ciernen sobre la gestión del popular Alfredo Castelló como alcalde desde 2007 hasta 2014.
Esa investigación impregnó la mayoría de intervenciones de los grupos políticos, entre los que todos tomaron la palabra excepto el PP, que se acabó absteniendo, así que la posición vencedora fue la defendida por el tripartito más el PSPV para mantener la actual estructura del órgano que propone las adjudicaciones y que componen tanto políticos como técnicos.
El portavoz segregacionista, Manuel González, quien ya planteó esta cuestión en el pleno de política general que tuvo lugar un día antes de la redada policial, defendió que «la ley permite que la mesa de contratación esté compuesta exclusivamente por funcionarios, así que, como la baremación y propuestas de adjudicación ya dependen de los técnicos, lo mejor para dar otra imagen en estos procesos es que ellos se responsabilicen de sus decisiones».
Desde C's, Raúl Castillo incidió en que «la presencia de políticos en este órgano es innecesaria, porque ejercen de meros espectadores. La obligación de los concejales es revisar los expedientes y fiscalizar las adjudicaciones, pero no hace falta que lo hagan desde la mesa de contratación o que firmen propuestas que dependen de los técnicos, porque sus criterios ya ofrecen una total garantía».
En el otro bando de esta controversia, Francisco Crispín (PSPV) aseguró que «el actual sistema no ha presentado problemas, así que no se justifican los cambios, más allá del pánico que parece haberles entrado a algunos después de los últimos acontecimientos», en referencia a la investigación por corrupción. «Yo no tengo ningún miedo», añadió, al tiempo que defendió la transparencia de la mesa de contratación con la presencia de «los representantes de los ciudadanos para ejercer de notarios. Otro tema —concluyó— es cuando contratos mayores se trocean para convertirlos en menores».
Transparencia y control
En esta línea, el portavoz de ADN Morvedre, Pablo Abelleira, también mostró su desacuerdo a la exclusión de los concejales en este órgano de contratación, mientras que Roser Maestro (EU) coincidió en esta postura por «transparencia y control», que hacen que la actual composición «sea más garantista».
Por su parte, el concejal de Contratación, Pepe Gil (Compromís) defendió la representación política pese a coincidir en que los criterios técnicos son los que priman en las propuestas de la mesa de contratación. Según el nacionalista, los representantes de los grupos «debemos estar ahí, al menos para analizar el informe técnico».
Frente a estos argumentos, González cerró el debate asegurando que «no me valen las excusas, especialmente de algunos partidos que han aplicado nuestro propuesta en varios ayuntamientos». Contra la transparencia que algunos aseguraron que se garantiza con la presencia política, el segregacionista se preguntó si esa afirmación implicaba desconfianza hacia los técnicos. González concluyó que una mesa con sólo técnicos eliminaría cualquier sospecha cuando una misma empresa fuera beneficiaria de varios contratos.
