El Supremo ratifica la pena de 2 años de cárcel por cohecho al exsecretario de Canet

Considera el alto tribunal que el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia cumplió con los criterios de «lógica, ciencia y experiencia» cuando castigó a Sancho por pagar 8.600 euros a la también condenada exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, con el objetivo de garantizarse la contratación de sus empresas en cuestiones de asesoramiento jurídico, urbanístico, laboral y procesal, lo que le reportó ingresos de algo menos de 100.000 euros entre 2009 y 2011.

Pero además de rechazar los argumentos de los acusados, el Supremo no atiende las reclamaciones del fiscal, que pedía que la condena se ampliara por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación. En su recurso, el ministerio público justificaba su petición en que la contratación de entidades que «gestionaba y controlaba» Sancho, como la Academia Valenciana de Juristas, Millena III Milenio,Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogados, fueron «injustas y arbitrarias al tener su origen en la recompensa que la alcaldesa percibía», es decir, respondía a un «soborno».

También consideraba el fiscal que tanto el «innecesario» fraccionamiento de contratos para «burlar» la publicidad y concurrencia de otras empresas como la no observancia de las incompatibilidades en el sector público, al ejercer Sancho durante unos meses como interventor acumulado del Ayuntamiento de la Pobla, eran motivos para elevar la condena. Sin embargo, ambos tribunales consideran que estas infracciones tienen un carácter administrativo, no penal.

Préstamo o donación

Sobre los argumentos del exsecretario de Canet, que el Supremo resuelve de forma conjunta con los de García por ser «esencialmente idénticos», el alto tribunal no se cree la versión de que los pagos a la exalcaldesa respondían a un préstamo, cuya devolución supuestamente incorporaba un 5 % de intereses, aunque, como es preceptivo legalmente, no se había suscrito el acuerdo por escrito. De hecho, hace suyas las afirmaciones de la sentencia de primera instancia cuando afirma que el exsecretario de Canet «pactó una compensación periódica» a la exalcaldesa para «favorecer la contratación de sus empresas» mediante la «expresión "préstamo" que era una cobertura de lo que fue una donación», ya que la exalcaldesa «no padecía una situación precaria».

Otro motivo del recurso fue que los trabajos de asesoramiento por los que se facturó a las entidades de Sancho se habían prestado de forma efectiva, aunque el Supremo, además de recordar que algunos de ellos no se pudieron utilizar por no ajustarse a la normativa y varios se repetían textualmente, asegura que su elaboración «en nada afecta al delito, ya que ese fue el pacto». Según el criterio de la sala, la infracción se centró en que la exalcaldesa cobró de una fuente externa por el cumplimiento de las funciones propias de su cargo público, que en este caso era contratar el asesoramiento para el ayuntamiento.

En las sentencias, los tribunales hacen un pormenorizado relato de los hechos probados, que arrancaron con la irrupción de Natividad García a la alcaldía de la Pobla de Farnals a través de una moción de censura. Fue entonces, cuando concertó con Sancho Sempere que se haría cargo de los asuntos judiciales y extrajudiciales pendientes de resolución. A lo largo de los siguiente meses, se encargaron a las entidades relacionadas con el exsecretario de Canet un informe sobre la organización, el funcionamiento, el régimen jurídico y el personal del consistorio o un recurso ante el juzgado contencioso administrativo.

En varios de estos casos, la interventora emitió reparos «por no ajustarse los pagos al orden de prelación» e incluso la secretaria advirtió sobre «serias irregularidades» en el cambio de las personas encargadas del asesoramiento municipal. Cabe recordar que Sancho Sempere ya pasó varios meses en prisión provisional por el grueso de la conocida como trama de las asesorías, que todavía está pendiente de resolución.