El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunt ha coordinado hoy una operación por presuntas irregularidades en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad que se ha saldado con la detención de un concejal y cuatro técnicos municipales.
Según informa el Consejo General del Poder Judicial, la instructora investiga al exjefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades y ahora concejal socialista Francisco Crsipín, y a cuatro técnicos de este departamento por el uso irregular que durante varios años habrían dado a la partida de 300 euros que anualmente perciben para renovar su uniforme laboral.
La operación policial ha sido desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional bajo la coordinación de la titular de Sagunt 4, que investiga si los cinco funcionarios destinaron el dinero público percibido entre 2007 y 2014 a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías.
Se trata de detenciones policiales. Los arrestados ya han quedado citados para declarar el jueves ante la jueza en calidad de investigados.
La causa, abierta por un delito de malversación, es una pieza separada de la "Operación Flotador", que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino y en la concesión de licencias urbanísticas.
La operación se inició en agosto de 2015 por los delitos de cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en las Cortes Valencianas.
En la pieza principal de la "Operación Flotador", el Juzgado investiga a 12 personas físicas (concejales y exconcejales) y 6 personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.
La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.
Además de la principal, la causa consta de dos piezas separadas: una en la que se investigan las irregularidades en la concesión de licencias en el área de Urbanismo, en la que hay tres investigados por prevaricación y tráfico de influencias; y otra, en el marco de la cual se han producido los arrestos de hoy.
Las tres piezas están secretas.
