El decreto estatal que frena la expasión costera ha empezado a recibir acciones judiciales. El Ayuntamiento de Oliva ha aprobado la presentación de un recurso judicial contra una medida del Gobierno de España en el que, en cierta medida, reivindica su derecho a seguir existiendo. Porque lo que está encima de la mesa es, nada más y nada menos que la posibilidad o la imposibilidad de que la ciudad pueda seguir expandiéndose urbanísticamente desde la carretera nacional 332 hacia el mar, como marca su Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por la Generalitat y como resulta lógico a ojos de cualquier política territorial.

El recurso ante la justicia, que ha sido aprobado en pleno por todos los grupos políticos, incluido el PP, se presenta contra el nuevo reglamento que, sin la más mínima consulta previa, limita los usos del suelo en todas aquellas zonas más o menos sometidas a riesgo de inundación.

En el caso de Oliva, la afección es de primerísimo nivel. Resumiendo la norma del Gobierno de Rajoy, en aquellos espacios que los técnicos consideran que se pueden inundar una vez cada 500 años los edificios que se construyan se tendrían que elevar sobre el suelo y ser estancos en su parte baja. Y en las áreas que se pueden inundar una vez cada 100 años se prohíbe toda construcción, salvo algunas pocas excepciones.

Por eso, si se aplica enteramente la norma, Oliva tendrá que desclasificar millones de metros cuadrados de suelo que en este momento es urbanizable, e incluso urbano, lo que, para políticos y técnicos, escapa a toda lógica.

La cartografía de Oliva queda sombreada por completo al señalar ese enorme territorio afectado, y el decreto ministerial supone, de facto, la anulación del planeamiento urbanístico que esta ciudad, de acuerdo con la Generalitat, ha ido diseñando durante las últimas décadas.

A criterio de los técnicos municipales, el decreto del Gobierno de España invade competencias en territorio que son de la Generalitat, pero, al margen de que el Consell abra un frente para anular esa norma, las consecuencias en Oliva son tan graves que este ayuntamiento se ha erigido en el primero en defenderse en los tribunales contra lo que considera un atropello a su administración.

Alegaciones desestimadas

La vía judicial se adopta, además, después de que el Ministerio de Medio Ambiente, del que partió este decreto, haya desestimado las alegaciones que el ayuntamiento olivense planteó.

Oliva es, justamente, uno de los municipios valencianos más sensibilizados frente a posibles inundaciones y que más ha trabajado en los últimos años para ir reduciendo ese riesgo. No solo ya dispone de un específico plan de emergencias aprobado por la Generalitat, sino que está a la espera de quedar incluida en la categoría de «municipios con alto riesgo de inundación», que obliga adoptar medidas basándose en el Plan de Acción Territorial sobre la Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) que la Generalitat aprobó hace años y que se ha ido actualizando a medida que se disponía de más información y detalle sobre ese riesgo.