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El gobierno de Canet se queda solo en la defensa jurídica del tránsfuga

La oposición tumba el recurso ante el Supremo, pero el alcalde cuestiona la competencia del pleno

Leandro Benito durante el pleno de esta semana. daniel tortajada

El pleno de Canet d'En Berenguer rechazó que el ayuntamiento presente un recurso ante el Tribunal Supremo contra la condena al tránsfuga Carlos García Mingarro que le obliga a devolver lo cobrado como concejal de gobierno durante el anterior mandato municipal. Esta negativa se produjo contra la opinión del alcalde, Leandro Benito (PP) y su grupo, quienes no abandonan la idea de seguir adelante con la apelación en defensa de Mingarro hasta no recabar más informes jurídicos, ya que entienden que las competencias en esta materia son del alcalde y no del pleno.

Benito señala que «hay tiempo hasta el 27 de septiembre para presentar un recurso de casación ante el Supremo, tal y como recomienda la secretaria del ayuntamiento» y añade sobre la votación plenaria en la que su grupo se quedó solo que «la oposición ya ha dado su opinión, pero queda por dirimir de quien son las competencias para presentar el recurso, porque nosotros pensamos que son del alcalde. La secretaria no es clara en este aspecto -prosigue el popular- y por eso queremos consultar a técnicos jurídicos para tenerlo claro. En principio los asesores de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a los que preguntamos nos dijeron que era potestad de alcaldía, pero vamos a recabar todos los informes para tener una base jurídica sólida a la hora de tomar una decisión».

En la votación que tuvo lugar en el pleno de esta semana toda la oposición rechazó que el ayuntamiento prosiga con la defensa de Mingarro, revocándose así el decreto que ya había firmado el alcalde, a excepción de Ciudadanos que se abstuvo. El PP, mientras, abogó por seguir defendiendo a un empleado que, según Benito, «trabajó como un león y cobró por ello».

Perjuicio al pueblo

«Si quiere poner un recurso que lo ponga el interesado -en referencia al tránsfuga- pero no el ayuntamiento», indicaron varios portavoces desde la oposición, que hicieron hincapié en que dedicar recursos municipales en la defensa jurídica de García Mingarro era perjudicar al pueblo. Ximo Pons (Compromís) señaló que «jugó a ver si podía sacar más, jugó al transfuguismo y esto se denunció en su momento. Nadie duda de su trabajo, lo que pasa es que cobró lo que no le correspondía».

En este sentido, las estimaciones sobre la cantidad de dinero que debería devolver Mingarro al ayuntamiento en caso de que finalmente fuera condenado oscilan entre los 60.000 y los 100.000 euros, según las fuentes que se consulten.

El tránsfuga ha llegado a este punto después de no respetar la disciplina del PSPV en el anterior mandato al apoyar al equipo de gobierno del PP formando parte activa del mismo. Entonces, los socialistas de Canet acusaron de transfuguismo a Mingarro y solicitaron que, según marca la legislación, no percibiera más dinero por la realización de sus funciones en el ayuntamiento que sus antiguos compañeros de filas.

Desde el consistorio, el entonces secretario, José Antonio Sancho Sempere, redactó un informe según el cual no existía tal transfuguismo y facultó a Mingarro para cobrar como un concejal con delegación. En este punto, el partido socialista acudió a los tribunales, que, en una primera instancia, rechazó su reclamación por entender que no estaba legitimado. Tras interponerse un recurso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó a Mingarro a devolver todo el dinero que cobró por encima de lo que recibieron los ediles socialistas. Y así hasta ahora, cuando la mayoría del pleno ha votado para que no continúe el pleito por lo que respecta al ayuntamiento, mientras que el alcalde entiende que él tiene la competencia para decidir si el consistorio recurre.

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