El cuatripartito de Sagunt ya trabaja en el presupuesto del próximo año y una de las primeras tareas que ha emprendido es poner en marcha los mecanismos que le permitan recuperar las tasas urbanística y de actividad, que se derogaron hace unos años, así como empezar a cobrar a las empresas que se aprovechan del dominio público local para transportar energía.
El concejal de Hacienda, Pepe Gil, presentó ayer a la oposición la intención del gobierno local de aplicar estas cargas fiscales a partir del próximo año, lo que, en estimaciones del propio nacionalista, se traduciría en una recaudación anual por encima del medio millón de euros. El edil de Compromís apunta sobre las tasas urbanística y de actividad que «en su momento se quitaron para facilitar la implantación de nuevos negocios en una época especialmente difícil, pero ahora la situación ha cambiado».
Otro de los argumentos empleados para la recuperación de estas cargas, como también ayer explicó a la oposición, es que «hemos preguntado en ayuntamientos de nuestro tamaño, como València, Torrent, Vila-real y Paterna, y todos ellos las aplican». Después de presentar la documentación básica en la comisión de Hacienda de ayer, Gil apunta que «esperamos que la oposición haga sus aportaciones y, a partir de ahí, es cuando se determinarán las cuantías que se cobrarán por cada uno de los servicios».
En esta línea, el concejal de Compromís quiere precisar que «no estamos hablando de tasas que se vayan a aplicar a los ciudadanos en general, sino a un particular que requiera una prestación municipal o a las empresas». En cualquier caso, la intención es que «no suponga un agobio ni un gasto excesivo» ni a las pequeñas ni a las grandes firmas, ya que, de hecho, «la idea con la tasa de actividad es no cobrar por el cambio de titularidad, simplemente por las nuevas».
Portal de transparencia
Antes de que este asunto se tratará ayer en comisión, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sagunt anunció hace unos días que se ponía en marcha el procedimiento para la elaboración de estas ordenanzas fiscales. En este documento se recogían las justificaciones y los objetivos de su nueva implantación.
En el caso de las empresas que transportan energía, ya sea gas, electricidad, hidrocarburos o similares, el consistorio ya disponía de esta tasa, aunque su aplicación se dejó en suspenso por las dudas legales que surgieron. Sin embargo y tras las sentencias que se han acumulado en los últimos tiempos, la Justicia ha avalado que proceda este cobro, aunque también ha impuesto una serie de modificaciones en las ordenanzas ya aprobadas.
Aunque sobre esta última hay consenso en su aplicación, sobre las tasas urbanística y de actividad, Pepe Gil ya teme que «la oposición se niegue bajo el argumento de que ahuyentará a las empresas».
Ambas fueron derogadas a mediados de 2014, cuando la buena situación de las arcas municipales permitió al gobierno popular renunciar a los cerca de 300.000 euros que se recaudaba de media al año entre ambas y la bonificación del ICIO. Este gesto sin precedentes en España, según destacaron en el PP, obtuvo una respuesta muy satisfactoria desde los sectores empresarial y comercial, aunque desde la oposición se vio más como una cuestión electoralista que como una medida que favoreciera la implantación en Sagunt de nuevas actividades, según informó en su día Levante-EMV.
