La construcción de una desalinizadora en Sagunt se ha limitado, por el momento, a representar un quebradero de cabeza para las administraciones públicas, después de que todas las previsiones de consumo que justificaron la inversión de más de 40 millones de euros se demostraran equivocadas. Y justo cuando la revitalización de Parc Sagunt puede dar salida al agua desalada, el Estado ha advertido de que el desuso de la planta, que el próximo mes cumple cuatro años desde el fin de las obras sin que todavía tenga fecha para su puesta en servicio, «podría conllevar la pérdida de los fondos europeos», que ascienden a 16,8 millones, según Acuamed.
El motivo de la falta de producción no es la demanda, ya que dos empresas se han interesado por el suministro de la desaladora, aunque la planta, que cuenta con red de distribución desde 2015, sigue parada por la falta de eficiencia que implicaría tener tan pocos clientes y, sobre todo, porque «el ayuntamiento, como usuario único -según se acordó entre las partes-, no ha autorizado» ese abastecimiento, según defienden desde el gobierno estatal.
A este respecto, el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, precisa que «nosotros nunca nos hemos opuesto» a que se ponga en marcha el servicio, pero antes hay que llegar a acuerdos en dos materias, añade. La primera es el precio de venta, ya que, según apunta el también vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, «nosotros no vamos a renunciar al metro cúbico por segundo -procedente del Júcar y garantizado por ley- y el agua desalada es más cara, así que tendremos que establecer el precio conjuntamente».
El otro tema que debe solucionarse son las obligaciones del ayuntamiento, que, sin la ayuda de otros potenciales usuarios, ya desde 2014 debería estar pagando una amortización de 1,5 millones al año, pese a la falta de producción, según el convenio firmado en 2009 por Acuamed y el gobierno local.
Ese acuerdo «estándar», según Fernández, está basado «en un aumento de la demanda de agua que no se ha producido» y el consistorio «no puede asumir esos costes», que ascenderían a 2,5 millones al año al incluir el mantenimiento. Entre las soluciones que ya se plantean desde hace tiempo en Sagunt se encuentra la conexión de la planta con el área metropolitana de València, que está en marcha, y que la desalinizadora se vincule no sólo al ámbito comarcal sino «a un área territorial mayor».
Vigilancia y mantenimiento
Otro de los obstáculos en la solución de este millonario problema, al que hace casi un año se sumaron los 1,5 millones de la adjudicación a Pavasal de la vigilancia, operación y mantenimiento de la planta, es «el cambio de interlocutores en Acuamed», añade Fernández.
Uno de esos relevos se produjo a raiz de la investigación abierta desde la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por presuntas irregularidades en las obras realizadas entre 2007 y 2013. Sobre ese procedimiento, el ayuntamiento trata de personarse como afectado, sin que hasta el momento haya tenido éxito.
