Más de 17.000 inmuebles en El Camp de Morvedre se deberán someter antes de que acabe el año a una inspección técnica para no arriesgarse a partir de 2019 a una infracción urbanística. Ese es el número de construcciones que la dirección general del Catastro tienen registrado en la comarca con una antigüedad de 50 años o más, lo que supone casi una quinta parte del total. Este es uno de los casos, junto a las edificaciones catalogadas o las que quieren acogerse a alguna ayuda pública para la rehabilitación, en los que los propietarios deben someter al inmueble a esta evaluación.
Precisamente ayer, el Ayuntamiento de Sagunt anunció que durante los próximos días hará entrega de las placas identificativas a los cerca de 300 edificios que han superado y mantienen en vigor esta inspección técnica. El concejal de Urbanismo, Pablo Abelleria, aclara a Levante-EMV que «esta medida no viene motivado por un afán recaudador por nuestra parte, ya que se trata de un Real Decreto aprobado ya hace algunos años y que estableció este 2018 como el límite para que los inmuebles de más de 50 años tuvieron un certificado de su buen estado».
El edil de ADN Morvedre añade que «los propietarios son los que deben contratar a un técnico para que les haga la revisión. El coste es entre 150 y 200 euros». Posteriormente ese informe deberá ser presentado al ayuntamiento para comporbar la corrección de la inspección y «si es el caso, la comprobación de la realización de las obras».
Según añade Abelleira, esta «ITV» de los edificios tiene como objetivo «asegurar su buen estado de conservación, además de la accesibilidad universal y la eficiencia energética». Fuentes municipales insisten en que «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento», aunque también señalan que «excepto en caso de órdenes de ejecución, denuncias, etc., los procedimientos abiertos de oficio comienzan con el envío de una carta informativa para que las personas obligadas cumplan con la ley en un plazo razonable».
300 certificaciones concedidas
En este sentido, el departamento de Urbanismo de Sagunt tiene lista medio millar de notificaciones a los propietarios que deben someter con urgencia a sus inmuebles a este informe de evaluación. A este respecto, Abelleira reconoce que apenas 300 edificios han superado esta inspección desde que en 2012 se aprobó la ordenanza municipal.
Esa normativa contempla incluso el importe de las liquidaciones subsidiarias, en caso de que sea el consistorio el que procesa a esa revisión. Esta tabla de precios abarcaba desde los 567 euros para aquellas construcciones con una o dos unidades hasta los 1.330 euros en las que tengan más de 50.
Esta ordenanza contemplaba también un plazo máximo para proceder a la inspección técnica de edificios, que no iba más allá de 2015, aunque algunas cuestiones de la norma, como el régimen sancionador, fueron derogadas en 2014, cuando está fechada la última modificación.
