Las críticas de los colectivos feministas contra responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunt, Julián González, por su supuesta «falta de respeto» a las víctimas, sigue provocando polémica. El último episodio ha sido el comunicado firmado por cuatro organizaciones de jueces, mostrando su apoyo tanto al magistrado saguntino como a otro juez de Arganda del Rey implicado en un controversia similar.
El documento lo apoyan la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Con él salen al paso de las denuncias públicas realizadas en Madrid por Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos, que han anunciado quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ambos casos.
Los jueces estiman pertinente recurrir al CGPJ si una víctima estima que ha recibido un «trato desconsiderado», pero al mismo tiempos advierten de que «obtener Justicia no es sinónimo de que nos den necesariamente la razón». El comunicado destaca la profesionalidad e imparcialidad de los magistrados con competencias sobre violencia de género, al tiempo que subrayaban que todas las resoluciones que se consideren inapropiadas pueden ser recurridas.
En cualquier caso, las asociaciones de jueces mostraban su temor a que las denuncias feministas buscaran influir en la imparcialidad judicial. «Tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables -incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia-, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia», alertan en su comunicado.
