La batalla judicial emprendida por el Ayuntamiento de Sagunt contra el expresidente del CD Ares, Rafa Valero, ha tenido al fundador del club de lucha comogran vencedor, al menos de momento, después de que el juzgado de lo penal número 2 de València y la sección cuarta de la Audiencia Provincial le hayan absuelto de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por los que el consistorio pedía una pena de cuatro años y medio de prisión, además de 16 meses de multa.

Este conflicto, que salpica de lleno a la federación valenciana de luchas olímpicas, se remonta a la subvención municipal de 2010, cuando el Ares recibió 19.000 euros sin someterse a concurrencia competitiva, porque era considerado uno de los clubes más representativos de Sagunt. Aprobada la concesión por junta de gobierno en junio de ese año, el Ares no cumplió los plazos de justificación y ahí se encontró con la «caótica» contabilidad en la federación, como la describe unos de los jueces, para que el ayuntamiento mostrara sus sospechas con una factura, la número 25.

Las rectificaciones aportadas, incluida alguna en la que Valero admitió haber manipulado la fecha por uno de los errores que venían desde la federación, siguieron sin convencer al ayuntamiento, que reclamó al Ares el reintegro de algo más de 11.600 euros, por entender que no había justificado la subvención recibida.

En ese punto, el club presentó un recurso contra esta resolución por considerar que ya había aportado pruebas suficientes sobre los gastos que había afrontado con la ayuda municipal, documentación avalada por las federaciones española y valenciana. En el transcurso de ese procedimiento por la vía civil, en el que técnicos municipales ratificaron sus sospechas porque no se aportaron facturas originales, según testificaron, fue cuando un informe de la federación valenciana de luchas en 2015, con nuevo presidente respecto a 2010, aumentó las dudas sobre la autenticidad de la factura 25. Y es que es certificado, una «revancha» según Valero, negaba el abono de importes por parte del Ares en 2010, denunciaba que el presidente no había dado visto bueno a la factura y que el sello que presentaba ese documento no se utilizaba en la federación.

Con esta información que «inducía al error», según admite la defensa legal de Valero, el Ayuntamiento de Sagunt emprendió la vía penal por las supuestas discrepancias entre la facturación de la federación y la documentación aportado al consistorio por el Ares, ya que «cuanto menos fue manipulada en un elemento esencial -la fecha». En su denuncia, el consistorio fue más allá que el Fiscal, que solo solicitaba una pena por el delito de falsedad, al añadir el de estafa procesal, por el que pedía cuatro años de cárcel para Valero.

Alteración «inocua»

Tras escuchar también durante el juicio al secretario de la federación, que reconoció ser el autor de la factura de la discordia, el juzgado de lo penal de València sentenció que «la cuestión de fondo radica en determinar si se ha llevado a cabo la alteración de elementos esenciales de los documentos aportados para la justificación» de la ayuda municipal y la conclusión es que «la alteración es inocua» por lo que «no se estima acreditada la participación del acusado en el delito de falsedad y el de estafa procesal».

Estos argumentos no frenaron al aauntamiento para recurrir ante la Audiencia Provincial, que no encuentró motivos de nulidad basados en motivación ausente, insuficiente o irracional.