La parcela pública que ocupa el fallido Instituto Valenciano de la Paella volverá a manos del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, después del acuerdo alcanzado entre el consistorio y la actual empresa concesionaria Valcap. El pleno municipal de esta tarde deberá refrendar el pacto, según el cual estos terrenos recuperarán su uso estrictamente público y la firma pagará 15.000 euros al ayuntamiento.

Según señala el alcalde, Leandro Benito (PP), «las dos partes hemos creído que esto era lo mejor y que se debían dejar de lado los pleitos que están en marcha», a lo que añade que «ahora resta que el pleno esté de acuerdo y que el juez dé su conformidad con el acuerdo entre las partes».

Los técnicos municipales y asesores externos avalan este acuerdo como el más adecuado y los grupos políticos de la oposición no se espera que pongan problemas para cerrar este capítulo negro de la reciente historia urbanística de Canet.

Y es que este proyecto fue ideado en plena burbuja inmobiliaria de la mano del empresario saguntino, Enrique Bañuelos, que obtuvo la concesión de este suelo público por 50 años, prorrogables a 75, a cambio de un canon, además de la construcción y explotación de un complejo con 200 paelleros, 150 plazas de aparcamiento, pistas de juegos multiusos y patinaje, zonas para merenderos, cafeterías y heladerías, un parque de juegos infantiles y un pequeño escenario.

Su inauguración llegó a celebrarse en abril de 2007 en un multitudinario acto que reunió a cerca de un millar de personas, llamado por el regalo de productos y utensilios para elaborar las paellas, pero el desplome en bolsa una semana después de la inmobiliaria Astroc de Bañuelos significó el principio del fin de este instituto. Desde entonces apenas fue utilizado para una cena y algunos campeonatos deportivos impulsados por el consistorio canetero, dejando atrás los sueños municipales de convertirse en una fuente de empleo y riqueza.

Saqueos y actos vandálicos

Más bien al contrario, las instalaciones del Instituto Valenciano de la Paella han sido durante los últimos años un quebradero de cabeza para el ayuntamiento, que ha visto como el abandono ha llevado la zona a la ruina, con saqueos y actos vandálicos. El robo de los grifos, los desagües y los materiales de trabajo o las pintadas que llenaron las construcciones moldean ahora este espacio.

Desde el punto de vista administrativo, este asunto empezó a enfangarse en 2010, cuando el ayuntamiento, tras intentar llegar a un acuerdo con la empresa, interpuso un contencioso administrativo por los incumplimientos de la concesionaria, que en ningún momento se ajustó a su parte del contrato. Y es que el sucesivo paso de la adjudicación de una empresa en concurso de acreedores a otra hasta caer en fondos buitre hizo imposible llegar a algún acuerdo como el que ahora se ha cerrado.

La siguiente duda es el uso que le dará el ayuntamiento, desde donde hace unos meses ya se planteó la posibilidad de convertirlo en un parque de ocio familiar para aprovechar las construcciones que siguen en pie. El alcalde se muestra cauto y asegura que el primer paso será «adecentar toda la zona y solucionar los problemas que provoca, ya que se había convertido en un foco de suciedad y un peligro». Sobre el futuro, Benito señala que «cuando todo este proceso acabe será el momento de pensar entre todos qué queremos hacer ahí».