La amenaza de los 100 millones de euros que sobrevolaba desde hace años al Ayuntamiento de Sagunt se ha disipado en apenas unos días. Ese el tiempo transcurrido entre dos sentencias de la Audiencia Nacional y de los juzgados de València, que, por un lado, devuelven a los casi 70.000 m(2) su protección como dominio público terrestre que la Demarcación de Costas trató de eliminar y, por otra parte, rechazan la pretensión del propietario de los terrenos, Prosagunsa, de recibir una indemnización millonaria de las arcas municipales en concepto de expropiación.

Aunque ambos fallos son recurribles y el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, adelanta que «el asunto no ha acabado aquí», el nacionalista celebra que «hemos ganado dos sentencias contra uno de los ataques más importantes que ha sufrido esta ciudad», en forma de una «reclamación absolutamente injusta».

Entre los argumentos del juzgado número 4 de València para ratificar el rechazo municipal a la expropiación, el fallo señala la falta de acreditación por parte de la empresa de la superficie que ocupa la propiedad, ya que el levantamiento topográfico aportado «no es correcto», según un informe pericial. Otro de los motivos para rechazar la expropiación es el incumplimiento de los plazos para solicitar la expropiación, según recoge este pronunciamiento judicial.

Esta sentencia, fechada el 8 de junio, también hace referencia al otro litigio sobre el deslinde y señala que, si como finalmente ha ocurrido, la línea de dominio público marítimo terrestre volvía al lugar previo a la última maniobra de la Demarcación de Costas, sería «la Administración General del Estado quien deberá adquirir de la demandante los bienes que considere oportuno».

En cuanto a los argumentos de la Audiencia Nacional para tumbar el deslinde aprobado por Costas en 2014, después de que este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente lo justificara en la ejecución del fallo que en 2010 reconoció la propiedad privada del Malecón de Menera, la resolución señala que ese pronunciamiento se limitó a determinar que Prosagunsa era la dueña del terreno, pero no señalaba que implicara su exclusión como dominio público.

Costas no se ajustó a la ley

Esta sentencia también censura el procedimiento empleado por Costas para modificar el deslinde, ya que «no respetó los preceptos de la Ley de Costas», que exigen la toma de datos para constatar las características físicas del terreno». En esta línea, el Ayuntamiento de Sagunt si aportó unas pruebas con prospecciones incluidas, que demostraron que el Malecón de Menera cumple las características físicas para ser considerado zona de dominio público marítimo terrestre.

Tras darse a conocer ayer ambas sentencias, las reacciones de satisfacción desde el consistorio no se hicieron esperar. El alcalde accidental, Pepe Gil, reconocía la «emoción» al conocer estas resoluciones y añadía que los servicios jurídicos municipales consideran los argumentos de ambas sentencias son suficientemente contundentes para «no dar pie a otras interpretaciones».

Desde EU, mientras, Roser Maestro y Roberto Rovira se congratulaban por el triunfo del interés general, aunque también pedían «prudencia hasta que se agoten las vías de recurso». La formación también señala que ha pedido la convocatoria urgente de una junta de portavoces para tratar el asunto.

Por su parte, la socialista Natalia Antonino reiteraba la satisfacción porque este asunto «no revierta a los vecinos de Sagunto, después de que la Justicia nos haya dado la razón».

Agradecimientos no exentos de cierta polémica

Las dos sentencias que han despejado el horizonte para el Ayuntamiento de Sagunt sobre el Malecón de Menera levantaron ayer una ola de agradecimientos por el trabajo realizado durante los últimos años, que no estuvo exenta de alguna crítica, pese al consenso generalizado con el que se ha manejado este asunto desde el consistorio.

A la hora de las felicitaciones, los portavoces de los grupos políticos señalaron a los servicios jurídicos municipales, la secretaría general, Quatrecasas, gabinete que asesora al ayuntamiento, y la concejalía de Urbanismo. Estos agradecimientos se hicieron extensivos a asociaciones como los Amigos de la Escuela de Aprendices o investigadores locales por la documentación aportada.

También EU, PSPV y PP se acordaron tanto de las anteriores corporaciones como de la actual, aunque, mientras la coalición de izquierdas destacaba el papel del diputado Ricardo Sixto con sus iniciativas frente al Gobierno de Mariano Rajoy, los populares lamentaban que «algunos quieran quedarse con todo el mérito», en palabras de Sergio Muniesa.

El exalcalde y exconcejal de Urbanismo se refería a Compromís, cuya exedila y actual diputada en Les Corts, Teresa Garcia, no quiso perderse la comparecencia para explicar el alcance de estas sentencias «históricas». La nacionalista destacó la labor de su formación y concretamente del alcalde, Quico Fernández, por «resistir con determinación y firmeza frente a los abusos e irregularidades» en este caso, cuando «otros decían que había que negociar con el propietario».

«Se ha demostrado -añadió Garcia- que hay que estar muy encima de los derechos públicos, para no encontrarnos con casos como la plaza Ángel Perales», que se resolvió con el pago del ayuntamiento de una indemnización millonaria.

Por su parte, Muniesa incidía en que las acciones judiciales que han acabado con las dos sentencias favorables a los intereses municipales «se iniciaron durante el anterior mandato» en el que gobernaba el PP, al tiempo que censuraba al gobierno local porque, antes de la comparecencia pública, «no convocara al resto de fuerzas para ser conocedoras de las sentencias», una falta de información que también sufrieron, según Muniesa, algunos integrantes del cuatripartito.