El juzgado de instrucción número 4 de Sagunt ha procesado al concejal socialista y exjefe del servicio de la Inspección Técnica de Actividades, Francisco Crispín, y a otros cuatro técnicos municipales por haber gastado dinero público destinado a la compra de uniformes para adquirir prendas de vestir de uso personal. Según el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza considera que los hechos que se atribuye a estas personas pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Los ahora procesados fueron detenidos por el supuesto uso irregular de una partida de 300 euros que reciben cada dos años, desde 2007, para renovar su vestuario laboral. Sin embargo, supuestamente, estas personas destinaron ese dinero a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías entre los años 2007 y 2014.
La jueza considera que la ropa adquirida por estas personas "no se ajusta a los parámetros" descritos en el "convenio y normas reguladoras de relaciones laborales entre el Ayuntamiento de Sagunto y el personal a su servicio". Señala que en los recibos presentados figuran prendas de diferentes tallas, artículos de mujer y de bebé, artículos de deporte, calzado deportivo también de varias tallas, algunas infantiles, munición y carabinas que por sus cualidades hace pensar que no es utilizado para inspecciones de actividades.
Según la declaración del dueño de una de las tiendas de material deportivo, los responsables del departamento de Actividades del ayuntamiento le pedían que en las facturas apareciese un concepto genérico. De esta manera, se realizaba un abono para el ajuste contable por el concepto que le pedían y posteriormente, cuando estas personas iban a adquirir alguna prenda, se emitía un recibo con cargo a ese abono, por un límite de 300 euros cada dos años.
Tal y como consta en el auto, algún miembro del departamento de Actividades indicó al dueño de la tienda que tenían una cantidad asignada para ropa de trabajo, pero que su vestimenta laboral era de calle y no querían perder la cantidad asignada para cada uno de ellos. El juzgado entiende que el concepto utilizado no se ajusta al verdadero material adquirido por parte de los investigados, ya que se ha acreditado que los productos o ropa adquirida, en ocasiones, dista mucho de lo que viene reflejado en las facturas emitidas al ayuntamiento.
Por ello, considera que existen indicios más que suficientes para imputar a estas cinco personas por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, y acuerda continuar el presente procedimiento.
