El juzgado de instrucción número 4 de Sagunt ha dado continuidad al procesamiento del portavoz del PSPV en el ayuntamiento y exjefe municipal de Actividades, Francisco Crispín, y a cuatro técnicos de este departamento, V. P., J. V. G., J. A. y J. V. C., por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

En un auto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, la jueza ve indicios «más que suficientes» de que las actuaciones de los cinco procesados fueron «contrarias a los procedimientos administrativos de contratación», después de que las averiguaciones durante el procedimiento determinaran que, desde 2007 hasta 2014, varios establecimientos comerciales de Sagunt «cargaron al presupuesto del ayuntamiento facturas falsas, ocultando la verdadera naturaleza de los objetos adquiridos -como productos para niños y bebés, carteras, bolsos de señora, objetos de armería, material deportivo, etc.- simulando ser ropa de trabajo».

Dos informes periciales, uno de la intervención municipal y otro del Ministerio Fiscal, acreditan estas irregularidades, cuya mecánica era, según recoge el auto, «presentar una factura por un concepto genérico -como vestimenta de caballero o suministro de equipamiento, ropa y calzado- para después, con el crédito conseguido, ir al establecimiento para realizar el gasto en varios días y en diferentes prendas».

Este pronunciamiento judicial también señala expresamente que estas irregularidades son perseguibles «independientemente de la cuantía -en este caso, 300 euros cada dos años- ya que el código penal no distingue si es mucho o poco lo defraudado».

Cantidad asignada

El responsable de una de estas tiendas llegó a asegurar durante la instrucción que el personal de Actividades le confesó que «tenían una cantidad asignada para ropa de trabajo, pero, como no usan tal ropa, porque la vestimenta es de calle, no querían perderla».

El auto también hace una relación detallada de los artículos comprados por cada uno de los procesados, entre los que había carabinas, visores de arma larga, munición, un balón de fútbol, trajes, americanas, bermudas, polos de vestir, vaqueros, gafas de natación, mochilas de colegio, chándal, zapatillas de deportes, cazadora, anoraks, muñequeras de tenis, botes de pelotas de pádel, mallas, billeteros y bolsos, algunos de prestigiosas marcas.

Concretamente de la ropa deportiva, la disparidad de tallas «hace indicar que compraron no solo para ellos, sino para algún miembro de su familia o amigo», así que «los bienes adquiridos no siempre se ajustan o difieren de los que tienen cobertura legal», añade la jueza de Sagunt.

En este auto también se recoge que el denunciante fue el concejal de Transparencia de Sagunt, Sergio Moreno (ADN Morvedre), motivo por el cual Crispín insiste en que todo este procedimiento «es una vendetta . Pero antes de entrar en el fondo, el edil socialista vuelve a cargar contra la publicación del auto, que se hizo «antes de que mi abogado y yo supiéramos algo. Me sorprende mucho la falta de ética de quien sea que filtra estas informaciones», añade a Levante-EMV.

«En Urbanismo se hacía igual»

Así, el socialista se muestra «perplejo» por el contenido del pronunciamiento judicial, que anuncia que recurrirá. Sobre el fondo, Crispín apunta que «el propio ayuntamiento era el que daba instrucciones de como había que proceder en este tema de la ropa y resulta también llamativo que en Urbanismo no se haya hecho ninguna investigación, cuando se hacía exactamente lo mismo».

En esta línea, el edil de Sagunt apunta que la situación procesal no ha cambiado «porque yo estoy imputado desde hace año y medio» por unos hechos que ocurrieron «hace 11 años», al tiempo que asegura que espera que el caso acabe finalmente en un juicio, porque «así podré explicar de donde nace todo esto y la gente tendrá que asumir sus responsabilidades».