La jueza del juzgado de primera instancia número 4 de Sagunt, Concepción Rut Monzó,ha decretado la apertura de juicio oral por la sala de lo penal contra el alcalde de Canet d'En Berenguer Leandro Benito y el ex secretario de este ayuntamiento José Antonio Sancho por un presunto delito de prevaricación. La magistrada ha dictado este auto a instancia de la Fiscalía que solicita para cada uno de ellos penas de hasta ocho años de inhabilitación.
Los hechos que han originado esta acusación se remontan a mayo de 2013 cuando la junta de gobierno de Canet contrataron y adjudicaron los servicios de asistencia jurídica para el ayuntamiento con la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), una entidad vinculada al secretario de esa misma corporación José Antonio Sancho. En total, la adjudicación se realizó por un valor de 69.696 euros: 57.600 durante el primer año del servicio y 12.096 durante el segundo.
La adjudicación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, solicitando ofertas a tres personas físicas: la AVJ y a los abogados Ignacio Sancho y Amparo González. La junta de gobierno adjudicó directamente a la AVJ después de que los otros dos consultados por el ayuntamiento declinasen la propuesta.
Sin embargo, tanto la jueza de instrucción como la fiscalía consideran que existen indicios suficientes para sospechar que el procedimiento estaba amañado. Y es que los dos abogados que renunciaron a presentar su oferta para prestar el servicio tenían vínculos con el ex secretario. En concreto, Ignacio Sancho había sido secretario de la AVJ, mientras que Amparo González es la esposa del mismo José Antonio Sancho.
Estas circunstancias ya fueron destacadas por la propia jueza de instrucción en un auto dictado el pasado febrero con el que mantenía como imputados a Leandro Benito y José Antonio Sancho. Entre otros adjetivos, la magistrada consideraba que la resolución firmada por el alcade y refrendada por el entonces secretario adjudicando el servicio a AVJ era «arbitraria, grosera y manifiestamente ilegal».
También la Fiscalía considera que existen claros indicios de prevaricación en los hechos descritos. En concreto, en su escrito solicitando la apertura del juicio oral, presentado el pasado califica de «arbitraria» la resolución adjudicatoria. Por ello, mientras se fija la fecha para la apertura del juicio oral, el Ministerio Fiscal reclama para ambos ocho años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
Hasta la fecha, Leandro Benito ha justificado aquel contrato con la AVJ, firmado al poco de ocupar el cargo, en que esta entidad había pretado esos servicios desde hacía «20 años». Además, siempre ha destacado que en 2015, al detectar «cosas que no estaban claras», les rescindió el contrato.
