El Ayuntamiento de Sagunt aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional para reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que elimine la amenaza de tener pagar de las arcas municipales hasta 2,5 millones de euros al año en concepto de amortización por la desaladora.
En un documento que se modificó a instancias del PP, el resultado final añadía cuestiones como la reiteración de que «se mantenga fuera de toda duda los derechos otorgados por ley sobre la reserva a favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del caudal de un m3 por segundo procedente de la regulación del Embalse Contreras en el río Cabriel, con destino al consumo urbano e industrial de Sagunt».
La declaración, además, exigía tanto al ministerio como a la CHJ que «cualquier volumen de agua que haya quedado establecido como reserva para Sagunt quede excluido hasta que los costes asociados no sean repercutidos de manera solidaria por el conjunto de sistemas de explotación de la CHJ o en el conjunto del sistema hidrológico nacional».
Una de las novedades entre la primera versión y la definitiva fue la eliminación de la referencia a que esta planta desalinizadora, que solo en la construcción y la conexión costó más de 40 millones de euros, ha dejado de ser «imprescindible» por el retraso en la colmatación de Parc Sagunt.
