Los vecinos de Faura han cumplido con el requerimiento legal de someter sus viviendas de más de 50 años a la Inspección Técnica de Edificios que prevé la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Una obligación legal que el equipo de gobierno de este municipio de la Vall de Segó informó a sus vecinos en diversas audiencias públicas además de múltiples mecanismos de comunicación de la entidad.

Tras constatar que en esta localidad alrededor de 400 casas y 66 fincas eran susceptibles de someterse a esta inspección, se comunicó a los propietarios de la necesidad de revisar su conservación. Los vecinos han asumido su obligación y 270 viviendas más 22 fincas de pisos cuentan ya con su certificado de evaluación favorable.

Este informe técnico responde a la necesidad de testar el estado de conservación de los inmuebles que superan el medio siglo de existencia. La revisión pasa por analizar desperfectos visibles, así como sus causas y posibilidades de habitabilidad. La fachada con sus elementos ornamentales, las cubiertas y terrazas así como la cimentación y estructura son los elementos que se requiere revisar.

«Hemos optado por informar a los vecinos de esta exigencia legal para que no incurrieran en una infracción. Por ello informamos de forma individual y por carta a todos los propietarios de viviendas afectadas, además de realizar cuatro audiencias públicas e informar tanto por redes sociales como de forma presencial» apuntaba Consol Duran desde el ayuntamiento.

Las 130 viviendas unifamilares y 44 colectivas que restan por certificar su estado de habitabilidad a través de la IEE cuentan con la exigencia que podría convertirse en un inconveniente en el caso de optar por la venta o alquiler del inmueble. Tal y como han manifestado desde el equipo de gobierno de Faura, una medida como esta resulta compleja y bastante impopular; sin embargo la seguridad y preservar la calidad de vida de los vecinos es uno de los factores clave de cualquier equipo de gobierno. De ahí que ser el único municipio de les Valls que ha iniciado esta campaña informativa para con sus vecinos resulta un acto de responsabilidad. «Esta inspección es necesaria si pretenden acogerse a cualquier programa público de ayuda o rehabilitación de la vivienda. Además el incumplimiento puede suponer la aralización del proceso de venta del inmueble» afirma.