Superada, al menos de momento, la amenaza para las arcas de Sagunt que suponen los 100 millones de euros reclamados por la expropiación del Malecón de Menera, el ayuntamiento todavía se enfrenta al «problema que nos llevaría a la quiebra» de la multimillonaria desalinizadora, acabada desde hace 5 años, pero sin producir agua por la negativa municipal a hacerse cargo de los gastos de amortización de la planta.
Y es que el convenio firmado hace más de una década por la empresa estatal Acuamed y el gobierno de entonces obliga al ayuntamiento a asumir estos costes, más de un millón de euros al año, pese a que «es una infraestructura que la ciudad no necesitaba y tampoco ahora, cuando el Plan Hidrológico del Júcar nos asigna 18,7 hectómetros cúbicos de agua al año y apenas consumimos 8», según destaca el portavoz del PP, Sergio Muniesa.
Identificado este problema desde hace tiempo, frente al cual los grupos políticos han mantenido cierta unidad, el popular alerta de que «los vecinos llorarán lágrimas saladas por el capricho de Quico Fernández, quien, sin consenso ni participación después de años de parálisis e incapacidad de encontrar apoyos, lanza ahora una propuesta que es diametralmente contraria a la línea que seguía el ayuntamiento de exigir que los costes de la desaladora se repartan entre el conjunto del sistema hidrológico nacional o, al menos, del Júcar», insiste el portavoz de los populares.
Esta denuncia llega después de que el cuatripartito retirara del último pleno la propuesta de un nuevo convenio, que previamente se había aprobado en junta de gobierno tras las negociaciones con Acuamed. En ese documento, que carecía de los informes técnicos pertinentes, según Muniesa, el consistorio se compromete a pagar cerca de 900.000 euros durante tres ejercicios a cambio de 0,6 hectómetros cúbicos al año de agua de la desalinizadora.
Agua hasta un 50 % más cara
Pese a la contrapartida de dejar en suspenso durante tres años el convenio firmado en 2007, que a día de hoy sigue vigente, Muniesa apunta que «si se aprobara esta propuesta, el coste medio del agua aumentaría entre un 30 y un 50 % para los vecinos y supondría un lastre en la competitividad de nuestras empresas, cuando no hay ninguna necesidad porque tenemos el suministro garantizado».
El popular rechaza esta salida para «el mayor error en la historia de la ciudad», que considera que fue la construcción de la desalinizadora, y señala que «no somos nosotros quienes tenemos que solucionarle a Acuamed la amenaza de perder los fondos europeos -16,8 millones- si la planta no empieza a funcionar».
