El debate en torno a la desalinizadora de Sagunt sigue subiendo de tono, después de que la millonaria planta acabada desde hace años pero sin producir agua todavía haya vuelto a la actualidad con las negociaciones entre el ayuntamiento y Acuamed para encontrarle una salida que aleje la amenaza de perder los casi 17 millones de fondos europeos que se dedicaron a su construcción.
"La desaladora de Quico" como la llama el portavoz popular, Sergio Muniesa, es "el mayor atraco en la historia de esta ciudad", que se fraguó cuando gobernaba el tripartito PSPV, EU y Bloc, con el actual alcalde, Quico Fernández, como concejal de Urbanismo. El popular acusa al nacionalista de "mentir", al apoyar una moción hace unas semanas en las que se reclamana que el ministerio o todos los sistemas de explotación se hagan cargo del coste de esta planta y ahora vemos como el gobierno local está moviéndose para que entre en funcionamiento sin que se haya informado a nadie y en contra de la declaración institucional".
Muniesa lamenta que esas negociaciones y el borrador del convenio que se retiró del orden del día del último pleno, "lejos de plantarse y defender los intereses de la ciudad, el cuatripartito acuerda un "mal menor" que contempla el pago de una cantidad a la que podemos hacer frente. Sagunto no merece ningún "mal menor", no merece un equipo de gobierno que se conforma con salvarse a ellos mismos y dejar que la ciudad se ahogue".
El popular sigue su ataque asegurando que "Sagunto no necesita una desaladora, ni un equipo de gobierno que crea problemas y los firma bajo convenio. Que hablen de mal menor demuestra irresponsabilidad de un gobierno y que trae como consecuencia estos resultados. Hasta ellos mismos reconocen su falta de capacidad y lo negativos que son para esta ciudad".
El edil popular denuncia que "quieren desviar la atención y que se discuta sobre cuál es la solución menos mala, cuando la realidad es que la peor solución la tomó Quico Fernandez y sus socios cuando nos hipotecaron en más de 65 millones de euros con una desaladora que no hacía falta. Que explique por qué Quico Fernandez -añade Muniesa-no ha protestado ni a la Generalitat ni a la Confederacion Hidrográfica del Júcar cuando la primera pedía que entraran en funcionamiento las desaladoras y cuando los segundos han aprobado el plan hidrológico que abría esta posibilidad y sobre la que no han luchado para conseguir que los 65 millones de euros se repartieran entre todos los usuarios".
"El entreguismo demostrado en este tema y durante toda esta legislatura por parte de Quico Fernandez y su cuatripartito no tiene justificación", sentencia el popular. "Ahora pretenden hablar de fallo en las previsiones cuando este ayuntamiento no tenía ni tiene obligación alguna de suministrar el agua industrial. Decir eso es mentir a los ciudadanos y pretender derivar responsabilidades al Gobierno de España es engañar a la opinión pública porque precisamente lo que se demostró entonces y ahora es que a nuestra zona no le faltaba el agua".
