La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, advirtió ayer de que las carencias de los juzgados de Sagunt «pueden disuadir a las empresas para instalarse aquí y desaprovechar así unas buenas oportunidades para el crecimiento económico». Recordó al respecto que hay en marcha «importantes inversiones tanto en el ámbito industrial como en el del sector servicios, especialmente con la creación de nuevos centros comerciales, y un sistema judicial eficaz y eficiente es un motor dinamizador de nuestra economía». Así de claro lo expuso en la reunión que mantuvo con los jueces de El Camp de Morvedre.

Tras conocer la situación de los juzgados y las reivindicaciones de los magistrados adelantó que solicitará al Ministerio de Justicia la creación de dos juzgados más para el partido judicial de Sagunt, que actualmente cuenta con cinco juzgados mixtos de lo Civil y Penal y siete jueces para una población fija de 70.000 personas que llega a las 200.000 en verano.

Pese al refuerzo de otros dos magistrados, Bravo describió la situación de «insostenible» dada «la enorme carga de trabajo» que soporta el partido judicial, «un 190 % superior a la que marcan los criterios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», adelantó. Una situación que según los jueces han explicado a la titular de Justicia, puede empeorar, ya que la actividad económica está creciendo notablemente, y con ella la litigiosidad.

A esta situación se suman las advertencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre el hecho de que Sagunt, por su condición de ciudad portuaria de importancia, puede ser objetivo prioritario para las redes de tráfico de drogas, con lo que la carga de trabajo aumenta.

Los jueces de Sagunt también han pedido a la consellera que les apoye en su petición de que las plazas de la planta judicial del partido sean de magistrados.

Junto a la petición de ampliar el número de órganos jurisdiccionales, la consellera también se ha comprometido a solicitar la creación de una fiscalía de área para la zona norte de la provincia de Valencia, que estaría emplazada en Sagunt y a ampliar el número de funcionarios autonómicos en el Registro Civil de Sagunt.