El exalcalde de Gilet, Juan Carlos Vera (PP), ha sido condenado a diez años de inhabilitación para el ejercicio del cargo electo. Así lo dictaba esta semana el magistrado del Juzgado de lo Penal número 9 de València, después de que ambas partes llegaran a un acuerdo para una rebaja de la pena en pro de que el mandatario no viera afectado su puesto de trabajo. Y es que tanto la acusación particular como el fiscal solicitaban para el exalcalde una inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que podía haber dejado a Vera sin su puesto de trabajo como funcionario en la escuela de tauromaquia en la Diputación de València en caso de haber perdido el juicio.
El exalcalde ha sido acusado de cuatro delitos continuados que se recogen en el articulo 542 del Código Penal referentes a las actuaciones de la autoridad o funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las leyes. En concreto, se le acusa de no facilitar la información requerida por cuatro concejales del grupo municipal socialista, en tiempo y forma, durante tres años, dentro su mandato político como alcalde. Según el abogado de la acusación, Vera impidió a cada uno de los cuatro ediles del PSPV de Gilet «el ejercicio de sus derechos cívicos a participar en los asuntos públicos como recoge la Constitución, y a ejercer su labor de oposición», por lo que la pena que se dicta es de dos años y medio de inhabilitación de cargo electo por cada uno de los concejales a los que privó de ejercer sus derechos al no facilitar en tiempo y forma la documentación solicitada.
Esta sentencia firme, contra la que no cabe recurso al ser de conformidad, tiene su origen en la denuncia que presentó el grupo municipal socialista en 2013, un momento político convulso en Gilet entre gobierno y oposición que se llevó hasta el terreno de lo personal y que se derivó además a los juzgados, donde tanto socialistas como populares acudieron en varias ocasiones por denuncias de sus adversarios políticos. Sin embrago, pasados cinco años, la relación entre el exmandatario y el actual alcalde es cordial, lo que ha propiciado que se llegara a un pacto para la rebaja de la pena.
«Ya ha pasado mucho tiempo y lo que teníamos muy claro es que no íbamos a contribuir a que Juan Carlos se quedara sin trabajo», decía el alcalde actual, Salva Costa respecto a su antecesor.
Por su parte, Vera aseguraba haber descansado con el tema ya resuelto y aunque sobre él pesa la inhabilitación para cargo electo, no le afecta demasiado ya que en sus planes no estaba volverse presentar en unas listas electorales, y más cuando ha dejado la política activa dándose de baja también del Partido Popular tal y como le revelaba a Levante-EMV.
