Un consejo de administración extraordinario de la empresa municipal de aseo urbano de Sagunt, la SAG, trató ayer como único punto del orden del día la polémica contratación del encargado general, sobre la que Iniciativa Porteña ha lanzado sospechas al afectar a una persona vinculada con la agrupación local de Esquerra Unida, que ostenta la delegación de la SAG dentro del cuatripartito.
Y es que las dudas segregacionistas sobre la «chapuza» de este procedimiento se vieron confirmadas cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social se negó a admitir el contrato del relevista para el puesto, al estar dado de alta como autónomo. La delegada de este departamento, Roser Maestro, asegura sobre este contratiempo que «todo apunta a que las alegaciones serán atendidas y se solucionará».
La concejala de EU, que se ausentó de la votación que afectaba a las medidas cautelares reclamadas por el trabajador relevado, sí recalcó en declaraciones a Levante-EMV que «como ratificaron la gerencia de la SAG, los responsables de recursos humanos y el comité de empresa, yo nunca he participado en las contrataciones y despidos que se han producido desde 2011». Estas palabras fueron confirmados desde la propia empresa, cuyo gerente, Enrique Catalá, explicó a este rotativo que «las últimas 300 contrataciones que se han hecho en la SAG desde 2010 han pasado por el Servef».
Pese a estas explicaciones, el representante en el consejo de administración de Iniciativa Porteña, Cosme Herranz, insiste en las «gravísimas irregularidades» que han rodeado este asunto, que, según explica «ha quedado en manos del trabajador» que se quería jubilar por la modalidad de contrato de relevo.
En manos del trabajador
El segregacionista añade que «él tiene que decidir si sigue adelante con sus planes y espera que las alegaciones presentadas a la Seguridad Social prosperen para cobrar el 100 % de la jubilación o si quiere reincorporarse a su puesto y no arriesgarse». El problema, después de la resolución de la INSS, es que este hombre cobra ahora un 15 % de la pensión, explica Herranz, ya que del restante 85 % se tiene que hacer cargo la Seguridad Social, que en primera instancia lo ha rechazado al entender que el relevista no cumple los requisitos.
